POR BBC News Mundo | 16 de noviembre de 2017, 4:29 AM
Reuters
Luisa Ortega sigue decidida a denunciar en el extranjero al gobierno de Venezuela.

La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega continúa desde el exterior su batalla contra el gobierno al que hasta hace poco fue tan cercana.

Ortega acudió este jueves a la ciudad holandesa de La Haya a denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al de Interior, Néstor Reverol, y a otros dos funcionarios de seguridad por "crímenes de lesa humanidad".

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Ortega, que en agosto fue destituida por la Asamblea Constituyente y posteriormente salió de Venezuela, se había convertido en los últimos meses en su cargo en una de las pocos voces críticas contra el gobierno de Maduro desde dentro del Estado.

La exfiscal, muy cercana al expresidente Hugo Chávez, se deslindó del gobierno y empezó a compartir las denuncias de autoritarismo y falta de democracia que hace la oposición.

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La exfiscal acusa al Ejecutivo de un "plan de limpieza social".

El oficialismo considera a Ortega una "traidora" y la acusa de haber dado vía libre desde su cargo de fiscal a una oposición que el gobierno califica de violenta y golpista.

Desde su salida del país, Ortega, que aún se considera como la fiscal general legítima al no reconocer a la Asamblea Constituyente, se ha dedicado a denunciar al gobierno en instancias internacionales.

Más de 1.000 pruebas

Ortega habló este jueves de delitos como "asesinatos, torturas, encarcelación y un ataque sistemático contra la población civil", y aseguró haber presentado "más de 1.000 elementos probatorios".

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Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, es uno de los acusados por Ortega.

Por ello pidió que se libre una orden de captura internacional.

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"Me veo en la necesidad de acudir a esta instancia porque en Venezuela no hay justicia, no es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad", afirmó Ortega, que incluso habló de la existencia de un "plan de limpieza social" por parte del Ejecutivo.

La CPI deberá ahora estudiar si hay fundamento para la acusación.