Isobel, de 13 años, tardó menos de cinco minutos en burlar la prohibición de redes sociales para menores en Australia, la principal iniciativa de ese tipo en el mundo.
Una notificación de Snapchat, una de las diez plataformas afectadas, iluminó su pantalla, advirtiéndole que la expulsarían cuando la ley entre en vigor el 10 de diciembre si no podía demostrar que era mayor de 16 años.
"Conseguí una foto de mi madre, la puse delante de la cámara y me dejó pasar. Decía: 'gracias por verificar tu edad'", afirma Isobel. "Oí que alguien usó la cara de Beyoncé", añade.
Isobel señala a su madre, Mel, y dice: "Le escribí y le dije: 'Oye, mami, ya pasé la prohibición de redes sociales', y ella simplemente respondió: '¡Qué traviesa!'".
Me hizo reír, explica Mel: "Esto es exactamente lo que pensé que iba a pasar".
Aunque había permitido que Isobel usara TikTok y Snapchat bajo estricta supervisión, prefiriendo eso a que la adolescente lo usara a escondidas, esperaba que la prohibición, tal como se les había prometido, ayudara a padres como ella a proteger a sus hijos de los peligros del mundo digital.
Esa esperanza se desvaneció ahora que varios expertos, y los propios niños, alertan sobre la viabilidad y seguridad de esta política histórica, que está siendo vigilada de cerca en todo el mundo y observada con inquietud por algunas de sus empresas más influyentes.
Existe preocupación por la fiabilidad de la tecnología que aplica la prohibición, junto con el temor de que pueda aislar a niños vulnerables y empujar a otros a rincones más oscuros y menos regulados de la web.
La pregunta que se plantea con nerviosismo en los pasillos de Canberra, en los hogares de todo el país y en las salas de juntas de las empresas tecnológicas de todo el mundo: ¿realmente va a funcionar?
Sería difícil encontrar a alguien en Australia que crea que las empresas de redes sociales están haciendo lo suficiente para proteger a los usuarios, especialmente a los niños, de los daños en sus plataformas. Sus quejas nos son escuchadas.
"No tenemos ninguna fe en que las empresas tecnológicas hagan otra cosa que no sea proteger sus ganancias", le dice a la BBC Dany Elachi, padre de cinco hijos y activista contra los teléfonos inteligentes.
"Han tenido amplias oportunidades para demostrar que se toman en serio el bienestar de los niños y han fracasado en cada intento".
Al detallar cómo el acoso escolar —inevitable debido a las redes sociales— culminó en el suicidio de su hija de 15 años, Emma Mason preguntó a los líderes mundiales en la ONU el mes pasado: "¿Cuántas Tillys más deben morir?".
Ambos se encontraban entre los padres y figuras públicas que alzaron sus voces en una campaña nacional que acaparó titulares y exigió una nueva edad mínima para usar las redes sociales.
Algunos expertos, incluido el zar australiano de la seguridad en línea, advirtieron que prohibir el acceso de los niños a las redes sociales no era la solución, pero sus preocupaciones se vieron acalladas por una oleada de pasión parental y presión política.
En noviembre de 2024, el primer ministro Anthony Albanese anunció la legislación, prometiendo que los padres e hijos no serían penalizados.
Correspondería a las plataformas tomar "medidas razonables" para garantizar que los titulares de las cuentas tuvieran al menos 16 años, o se enfrentarían a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (US$33 millones) por las infracciones más graves.
"Esta es para las mamás y los papás... Ellos, como yo, están muy preocupados por la seguridad de nuestros hijos en línea", declaró Albanese.
La legislación —cuyas versiones limitadas se han intentado aplicar con poco éxito en otras jurisdicciones del mundo— debería ayudar a liberar a los niños de algoritmos adictivos que los exponen a contenido dañino como violencia, pornografía y desinformación, según sus promotores.
También reduciría el ciberacoso y la explotación infantil en línea. Se sugirió que obligaría a los niños a salir al exterior, les ayudaría a dormir mejor y mejoraría su salud física y mental.
Notablemente, en el anuncio de Albanese no se incluyó un plan sobre cómo el gobierno iba a implementar la ley: se dio un año para elaborarlo.
En cuestión de semanas, se aprobó apresuradamente un proyecto de ley esquemático en el Parlamento, tras conceder menos de 48 horas a la ciudadanía para presentar sus observaciones sobre la ley.
El debate crece antes de que la ley entre en vigor: gobiernos, expertos y jóvenes chocan sobre si el veto protege a los menores o profundiza la vulnerabilidad de quienes dependen de las redes sociales.
Un año después, y a poco de la entrada en vigor oficial de la ley, prevista para el 10 de diciembre, aún persisten las dudas.
Un ensayo financiado por el gobierno y dirigido por la industria analizó los principales métodos de verificación de edad y, a principios de este año, se informó que todos eran técnicamente posibles, pero ninguno era infalible y todos conllevaban riesgos.
La verificación mediante documentos de identidad fue el método más preciso, pero requiere que los usuarios entreguen documentos confidenciales e importantes, mientras que las encuestas muestran que la mayoría de los australianos no confían en las empresas de redes sociales.
La inferencia de edad, que extrae conclusiones basadas en la actividad en línea de los usuarios, y la tecnología de evaluación facial carecían de la precisión necesaria para aplicarse de forma fiable a los adolescentes.
Por ejemplo, la precisión de los escaneos faciales —ya implementados por Meta y Snapchat para usuarios menores de edad sospechosos— es deficiente para personas de entre dos y tres años menores o mayores de los 16, el grupo clave.
Aun así, el informe concluyó que las tecnologías de verificación de edad pueden ser "privadas, robustas y eficaces", especialmente cuando se implementan en capas.
"Cuando vas a una licorería y te miran de arriba abajo y dicen: 'Mmm, no estoy seguro', te piden un documento de identidad... Es el mismo principio", afirma Tony Allen, director del Programa de Certificación de Comprobación de Edad, con sede en Reino Unido, y quien dirigió el ensayo.
Sus hallazgos no estuvieron exentos de controversia. Dos exmiembros del consejo asesor lanzaron acusaciones de parcialidad y "lavado de imagen". Y aunque el ensayo consideró maneras en las que los adolescentes podrían sortear las barreras, no se encargó de evaluarlos.
Los niños han recibido multitud de consejos para saltarse las restricciones: desde registrarse con el correo electrónico de los padres y usar plataformas que no figuran explícitamente en la lista negra del gobierno, hasta usar VPN, que pueden ocultar la ubicación del usuario.
El uso de VPN en Reino Unido experimentó un aumento temporal tras la introducción de controles de edad más estrictos para la pornografía a principios de este año, y los expertos prevén que ocurrirá lo mismo en Australia.
Una encuesta realizada para el gobierno en mayo indicó que un tercio de los padres tenía la intención de ayudar a sus hijos a eludir la prohibición, y un experimento de la Universidad de Melbourne demostró que una máscara de Halloween de US$22 era suficiente para burlar la tecnología de evaluación facial en algunos casos.
Quienes defienden la verificación de edad argumentan que la tecnología para evitar las evasivas existe. Una foto, como la que Isobel afirma haber usado, no debería burlar estos controles.
La BBC consultó a Snapchat sobre esto, y un portavoz afirmó que la empresa había expresado reiteradamente su preocupación por las "dificultades técnicas" para aplicar la prohibición: "Este es uno de esos desafíos".
"Es una batalla constante para garantizar que las mitigaciones mejoren, literalmente a diario", agregó Luc Delany, ejecutivo de K-ID, que realiza evaluaciones de edad en nombre de Snapchat.
Isobel, animada por su experiencia, dice estar bastante segura de que la prohibición no funcionará.
"No soy adicta a las pantallas... pero creo que la idea de Anthony Albanese de que juguemos en el césped es estúpida", dice, refiriéndose al comentario del primer ministro sobre sacar a los niños al aire libre.
"Si acaban prohibiéndomelo, simplemente buscaré otra aplicación que usar".
Eso es tema de debate, aclara Mel. Pero ella y muchos otros temen que las plataformas y el regulador se estén preparando para un juego implacable: identificando y cerrando una laguna tras otra, y apuntando a las plataformas emergentes solo para que los niños se pasen a otra.
Las empresas de redes sociales también tienen motivos para socavar sutilmente la política, por temor a que otros países sigan el ejemplo, dicen los analistas, y las vagas "medidas razonables" descritas por el gobierno dejen la puerta entreabierta a eso.
"Intentarán atropellarla con un camión", afirma Stephen Scheeler, quien dirigió Facebook en Australia y Nueva Zelanda entre 2013 y 2017.
"Es como obligar a tus hijos a hacer algo como poner los platos en el lavavajillas: lo harán, pero no lo harán bien, y no lo harán con una sonrisa en la cara".
Las multas ofrecen pocos incentivos para comportarse bien, afirma. Facebook, por ejemplo, gana esa cantidad a nivel mundial en menos de dos horas. "Es como una multa por haberte estacionado mal".
Luego están los inevitables desafíos legales. Dos adolescentes ya han presentado una demanda ante el tribunal más importante del país, alegando que la ley es inconstitucional y opresiva.
Alphabet, propietaria de YouTube y Google, aparentemente también está considerando su propia impugnación. Grupos de derechos humanos y algunos expertos legales también han expresado su indignación.
Si bien el gobierno insiste en que las empresas de redes sociales tienen el dinero y la tecnología para implementar la prohibición, al mismo tiempo ha buscado gestionar las expectativas.
"Va a parecer un poco desordenado en el comienzo. Las grandes reformas siempre lo son", declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.
La pregunta clave no es si los niños pueden superar la prohibición, dice Allen; la respuesta es sí. Pero ¿habrá suficientes que se molesten en hacerlo?
"Para que una política tenga éxito, no tiene que llegar al punto en que el 100% de los niños no estén en las redes sociales", afirma. "Solo tiene que llegar a alrededor del 80% de ellos y el resto seguirá su ejemplo".
Algunos padres no quieren que sus hijos se sientan con derecho, ni presionados, a acceder a las redes sociales.
"Siempre hemos dicho que, independientemente de si la ley fuera aplicable o no, nuestro principal objetivo era establecer una nueva norma social", afirma Elachi.
Dejando de lado la cuestión de si es posible, muchos siguen preguntándose: ¿debería hacerse?
En primer lugar, existe la preocupación de que esta política empuje a los niños a zonas más oscuras de la web.
Podrían ser las salas de chat de los sitios de juegos, que la Policía Federal Australiana ha advertido que son focos de radicalización pero están excluidas de la prohibición.
O sitios como Omegle, a los que recurrieron generaciones anteriores cuando se les dijo que eran demasiado jóvenes para las redes sociales convencionales.
Este permitía a los usuarios chatear por video con desconocidos seleccionados al azar y fue clausurado hace dos años por no proteger a los menores de los depredadores. Sus imitadores lo reemplazaron rápidamente.
Los niños también pueden navegar sin una cuenta en varias aplicaciones, como TikTok y YouTube, lo que supone un riesgo potencial de contenido y anuncios sin filtrar.
Varias plataformas limitan actualmente este tipo de contenido en las cuentas de menores.
"Esta ley no cumplirá su promesa de aumentar la seguridad de los niños en línea y, de hecho, hará que los niños australianos estén menos seguros en YouTube", declaró un portavoz de la compañía esta semana.
Hay muchas críticas a las grandes tecnológicas por la moderación, pero pocos discuten que estas grandes plataformas lo hacen mejor que sus pares más pequeñas.
Facebook, por ejemplo, cuenta con sistemas que activan las alarmas si un adulto envía mensajes a un niño con frecuencia.
"No se está deteniendo un comportamiento, solo se está trasladando a otras plataformas", afirma Tim Levy, director de la empresa de seguridad en línea Qoria y uno de los asesores del ensayo que dimitió.
"Decirles a los padres australianos preocupados que ya todo está bien es un mensaje muy peligroso".
La ciencia sobre las redes sociales y la salud es compleja y sigue evolucionando. Además de los estudios que las vinculan con malos resultados, también hay evidencia de que pueden ser un salvavidas para algunos niños, especialmente para aquellos de comunidades LGBTQ+, neurodivergentes o rurales.
"Hemos escuchado muy poco oficialmente sobre lo que se está haciendo para abordar las necesidades insatisfechas de estos niños más vulnerables que, por razones positivas, han buscado ayuda o un sentido de pertenencia y conexión en línea", declara a la BBC la excomisionada para la infancia, Anne Hollonds.
Su mandato terminó hace apenas unas semanas, pero Hollonds lleva años presionando al gobierno para que se establezcan mayores medidas de seguridad en línea para los menores y se sorprendió, e incluso se frustró, al descubrir que esta herramienta "simple" fue la elegida.
Se pregunta qué se podría lograr si este esfuerzo y atención regulatoria se utilizara para impulsar otras estrategias.
Muchos han sugerido que el enfoque debería centrarse en obligar a las redes sociales a controlar mejor el contenido dañino y limitar el poder de los algoritmos, a la vez que se prepara a los menores para la realidad de la vida en la web.
Más de 140 destacados expertos australianos e internacionales firmaron una carta abierta planteando estas preocupaciones, entre otras, antes de la aprobación de la legislación.
"Los 16 años no tienen nada de mágico", afirma Hollonds. "Esto no sirve de nada por sí solo".
Antes de que su agencia fuera encargada oficialmente de implementar esta política, la Comisionada de Seguridad Electrónica, Julie Inman-Grant, presentó argumentos similares.
"No cercamos el océano ni mantenemos a los niños completamente fuera del agua, pero sí creamos entornos de natación protegidos que brindan protección y enseñan lecciones importantes desde una edad temprana", declaró en junio del año pasado.
A esto, la ministra Wells replica: "Podemos vigilar a los tiburones", una mordaz referencia a las empresas de redes sociales.
Muchos de los críticos tienen razón sobre los desafíos futuros, le dijo a la BBC. Pero esto es solo un punto de partida: el deber de cuidado digital, una obligación legal de que las empresas eviten daños previsibles a sus usuarios, es lo siguiente en su lista.
"Por cada persona que me pregunta: '¿Por qué no han incluido estos elementos importantes?', alguien más me dice: 'Es imposible que hagan lo que se han propuesto ahora'".
"Esto no es una cura. Es un plan de tratamiento, y los planes de tratamiento siempre evolucionarán".
"Al fin y al cabo, se trata de un trabajo para intentar salvar una generación. Vale la pena hacerlo."