Política
Café Política: Natalia Díaz
La aspirante de Unidos Podemos defiende su trayectoria en el sector público y privado, propone una cárcel con trabajo obligatorio, cambios en la CCSS y una reforma al sistema de pensiones y educación.
La aspirante presidencial del Partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada Miranda, aseguró que su candidatura responde a una coyuntura “especial y peligrosa” para Costa Rica, marcada —según dijo— por ataques al Estado de Derecho, el avance del narcotráfico y una profunda inseguridad ciudadana.
Calzada, exmagistrada y tres veces presidenta de la Sala Constitucional, afirmó que nunca antes había visto “un ataque tan fuerte a las garantías de las personas” como el actual (ver video adjunto en la portada).
Señaló que su decisión de incursionar en política surge tras años de experiencia en el ámbito judicial y su participación en espacios de análisis sobre seguridad, donde —relató— conoció de primera mano casos de menores de edad vinculados al sicariato.
La candidata defendió al Partido Centro Democrático y Social como una agrupación “limpia”, sin deudas políticas ni figuras cuestionadas, integrada —según indicó— por profesionales que no han ocupado cargos de elección popular. Aunque reconoció que su partido no figura con fuerza en las encuestas, relativizó esos resultados y sostuvo que “la verdadera encuesta es el voto”.
Uno de los temas centrales de la entrevista fue su pensión como exfuncionaria judicial. Calzada rechazó ser catalogada como “pensionada de lujo” y afirmó que su jubilación fue plenamente cotizada durante 26 años, además de que continúa pagando contribuciones. Defendió el recurso presentado contra la reforma que redujo las pensiones altas, argumentando que se trataba de la defensa de derechos adquiridos y del Estado de Derecho, más que de un interés personal.
Sobre el debate nacional de pensiones, propuso abrir una discusión amplia para definir si el país debe avanzar hacia un sistema único o mantener varios regímenes, como los existentes en el Poder Judicial, el Magisterio, el ICE y la banca estatal. Advirtió que cualquier cambio debe ser responsable y considerar las diferencias en los porcentajes de cotización.
En materia de seguridad, Calzada afirmó que el sicariato es consecuencia directa de la falta de inversión social en educación, salud y oportunidades, aunque subrayó que también se requieren acciones inmediatas. Entre sus propuestas mencionó fortalecer y profesionalizar las policías, reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, y endurecer medidas como la prisión preventiva para adaptarlas a la criminalidad actual.
La aspirante atribuyó la mayor responsabilidad de la inseguridad al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad Pública, aunque reconoció que se trata de un problema de responsabilidad compartida entre los poderes del Estado. Sobre la mora judicial, señaló que el Poder Judicial ha asumido funciones adicionales sin un aumento proporcional de recursos, lo que ha impactado su eficiencia.
Calzada planteó, además, sacar del ámbito judicial asuntos como accidentes de tránsito sin lesionados y contravenciones menores, para resolverlos por la vía administrativa o en instancias comunales, con el fin de descongestionar los tribunales.
En educación, reiteró su compromiso de avanzar hacia el 8% del PIB, aunque reconoció que debe lograrse de manera gradual y mediante acuerdos nacionales. También insistió en la necesidad de fortalecer el bilingüismo y la capacitación docente, incluyendo formación en tecnología e inteligencia artificial.
En el área de salud, propuso el uso de inteligencia artificial para depurar las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, identificar casos prioritarios y reforzar la atención primaria y la telemedicina.
En su mensaje final, Calzada llamó a los electores a “recuperar Costa Rica” y advirtió que las próximas elecciones representan —según dijo— una decisión entre democracia y autoritarismo. Pidió el voto para su partido y su bandera, la “estrella azul”, en ambas papeletas.