Ver una mariposa morpho o un escarabajo de colores metálicos puede representar para muchos turistas uno de los mayores atractivos de Costa Rica. Sin embargo, detrás de ese interés también crece un mercado ilegal que saquea insectos de los bosques costarricenses para venderlos en colecciones privadas y mercados internacionales.
La Fiscalía Ambiental confirmó un incremento en las denuncias por tráfico de vida silvestre y advirtió sobre la operación de estructuras criminales dedicadas a la extracción y exportación ilegal de especies.
El fiscal ambiental Luis Diego Hernández explicó que el trasiego de insectos ocurre principalmente en aeropuertos del país. Los cargamentos viajan ocultos en equipajes de mano.
Datos suministrados por la Fiscalía revelan que durante 2024 y 2025 se registraron 113 denuncias por delitos de tráfico de vida silvestre en cada año. En 2023 se contabilizaron 49 denuncias. Los expedientes incluyen casos relacionados con insectos.
“Un cargamento puede llevar entre 3.000 y 5.000 insectos”, afirmó Hernández a Teletica.com.
Según el fiscal, mariposas Morpho y escarabajos de colores llamativos son las especies más buscadas en mercados internacionales. Cada ejemplar puede venderse entre $7 y $20 en países de Norteamérica y Europa.
La Fiscalía Ambiental indicó que existen diferentes modalidades para sacar insectos del país. Algunas personas actúan de manera espontánea y transportan especies como souvenirs. Otras forman parte de estructuras organizadas.
Hernández explicó que las redes operan mediante fases definidas. Primero ocurre la extracción en zonas boscosas. Luego aparece el almacenamiento de especies y, finalmente, el transporte hacia otros países.
“Existen personas que llevan los insectos en frascos, ropa o equipaje de mano”, señaló el licenciado.
Las investigaciones identifican rutas hacia Estados Unidos, México y países europeos como Alemania y República Checa.
La Fiscalía también detectó movimientos de dinero relacionados con la venta ilegal de especies mediante remesas y transferencias internacionales.
El fiscal Hernández advirtió sobre debilidades en los controles administrativos relacionados con permisos de extracción y exportación. Según explicó, algunos permisos permiten extraer insectos para investigación científica. Sin embargo, esos documentos no autorizan necesariamente la exportación.
El abogado también señaló problemas relacionados con la vigencia de los permisos y la ausencia de trazabilidad estricta.
“Una misma autorización puede utilizarse durante varios meses”, afirmó.
La Fiscalía considera que esta situación facilita la salida de miles de insectos bajo un solo permiso.
El fiscal ambiental advirtió que la extracción ilegal de insectos provoca desequilibrios ecológicos y afecta múltiples especies dentro de los ecosistemas.
Hernández explicó que los insectos cumplen funciones esenciales como polinización, reciclaje de nutrientes, dispersión de semillas y control biológico. También representan una fuente de alimento para aves, anfibios, murciélagos y mamíferos.
“Cualquier disminución en la población de insectos pone en marcha un efecto cascada”, indicó.
La Fiscalía alertó sobre una reducción de poblaciones de insectos en bosques tropicales costarricenses. El fenómeno se relaciona con actividades humanas, pérdida de hábitat y cambio climático.
El fiscal recordó que algunos desequilibrios ecológicos ya provocaron daños severos en otros países. Hernández mencionó casos documentados de destrucción de bosques asociados con alteraciones en poblaciones de escarabajos.
La Fiscalía confirmó que muchos insectos decomisados mueren antes de ser recuperados por las autoridades. Según Hernández, el transporte ilegal no garantiza condiciones adecuadas para la supervivencia de las especies.
Cuando ocurre una incautación, los insectos pasan a laboratorios de Biología Forense para identificar las especies. Posteriormente, el caso llega a la Fiscalía de Flagrancia.
Las personas detenidas enfrentan penas de hasta tres años de prisión por extracción, tráfico y exportación ilegal de especies silvestres.
Este órgano judicial también detectó tráfico ilegal de plantas y madera extraídas de ecosistemas vulnerables.
Hernández mencionó casos relacionados con orquídeas miniatura extraídas en zonas como las llanuras de San Carlos y el Parque Nacional Juan Castro Blanco.
Además, las autoridades identificaron comercio ilegal de cocobolo. Según el fiscal, un contenedor de esa madera puede alcanzar valores de entre $30.000 y $40.000.
El abogado Hernández considera que la cooperación internacional representa una oportunidad para frenar el tráfico de biodiversidad.
Actualmente, existen canales de coordinación mediante Interpol, Europol y redes de fiscales ambientales. Sin embargo, el fiscal señaló que los procesos siguen siendo lentos.
El fiscal explicó que muchas solicitudes requieren traducciones y trámites formales entre países.
“Hace falta mayor fluidez en la cooperación internacional”, subrayó.
Hernández pidió a los visitantes llevarse recuerdos y experiencias del país, pero no flora ni fauna.
El funcionario recordó que el tráfico de insectos constituye un delito penal en Costa Rica. Las personas detenidas enfrentan penas de hasta tres años de prisión por extracción, tráfico y exportación ilegal de especies silvestres.
Hernández explicó que la legislación ambiental costarricense sanciona estas conductas incluso sin necesidad de demostrar un daño específico al ecosistema, debido al riesgo que representan para el equilibrio ambiental.
Las autoridades instaron a denunciar casos sospechosos ante el OIJ, el 9-1-1 y las fiscalías ambientales.
Lo invitamos a escuchar el primer episodio del pódcast Pulso Ambiental, titulado: Una mariposa morpho en la maleta. Puede encontrarlo en el siguiente enlace de Spotify:
El coordinador de la Fiscalía Ambiental, Luis Diego Hernández, explica cómo ha cambiado el abordaje de los delitos ambientales debido a la especialización de las estructuras criminales, muy parecidas al narcotráfico.