Largos mandatos y señalamientos de corrupción: los hilos que unen a mayoría de alcaldes del caso “Diamante”

Largos periodos en el poder y señalamientos de corrupción son parte de los hilos que unen a la mayoría de los seis alcaldes detenidos, hasta ahora, por el caso “Diamante”.

Ninguno de ellos ha sido condenado penalmente, pero varios figuran en investigaciones abiertas, a los cuales se suma el caso de hoy.

Johnny Araya (San José) y Alfredo Córdoba (San Carlos) son dos de los cinco jerarcas sempiternos desde que los alcaldes se definen por elección popular (2002).

Muy cerca de ellos aparece Jorge Alberto Cole (Osa), en el cargo desde 2006, y Arnoldo Barahona (Escazú, 2010).

Los únicos que rompen esa norma son Mario Redondo (Cartago) y Humberto Soto (Alajuela), ambos con un solo mandato.

¿Quiénes son?

Johnny Araya

En el poder desde 1998, Araya es por mucho el rostro más conocido de la Municipalidad de San José.

Llegó a la silla grande del municipio bajo la bandera del Partido Liberación Nacional y dejó claro lo indiscutible de su fuerza en el gobierno local en 2015, cuando le dio la espalda a la maquinaria verdiblanca y ganó las elecciones de 2016 con el hasta entonces poco conocido “Alianza por San José”.

Antes ya había sido candidato presidencial del PLN para las elecciones de 2014, llegando incluso a la segunda ronda contra Luis Guillermo Solís, un pulso del que acabó renunciando.

En esos más de 20 años como alcalde, Araya ha sido el arquitecto detrás de un plan para convertir al cantón central josefino en una ciudad más amigable con iniciativas como el Festival de la Luz, su hijo más laureado en ese interés de transformación.

Pero no ha estado, ni de cerca, exento de la polémica.

A lo largo de los años ha acumulado al menos una decena de denuncias en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. No ha sido condenado por ninguno.

El caso más conocido fue la mediática investigación que lo llevó a los tribunales en 2017 en medio del escándalo del “cementazo”.

A Araya se le acusó del presunto delito de tráfico de influencias agravado en un caso donde también aparecieron como imputados el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal Berenice Smith, todos absueltos en marzo anterior.

También fue sancionado por la Contraloría General en 2011 por el proyecto de renovación del catastro municipal, que le costó $2 millones al municipio, y nuevamente en agosto pasado por el pago de ₡253 millones a la empresa española encargada de los parquímetros de la capital.

Alfredo Córdoba

El sancarleño vuelve a aparecer en una investigación judicial luego de que hace algunos meses su nombre también se incluyera en el expediente del caso “Cochinilla”.

A Córdoba se le mencionó puntualmente por las adjudicaciones de trabajos de obra pública y conservación a la Constructora Herrera en el tramo Sifón – La Abundancia de la nueva carretera a San Carlos.

El polémico proyecto, cuyos informes de auditoría se presumen habrían sido los detonantes de todo el caso, está detenido y en abandono.

Pero no ha sido su único caso.

En 2019 se le juzgó por un nombramiento de 2013 de un administrador municipal quien no cumplía con los atestados para ese cargo.

Por ese caso la Fiscalía solicitó 23 años de cárcel, que se redujo a una inhabilitación de seis meses y el pago de ₡3.6 millones de multa; pero finalmente resultó absuelto.

Jorge Alberto Cole

Fue investigado por el presunto delito de peculado en 2014 por aprobarse, injustificadamente, el beneficio de la prohibición, un incentivo por el que cobró alrededor de ₡50 millones entre 2008 y 2011.

En 2015 fue denunciado penalmente por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) por no concluir las obras viales financiadas por esa entidad.

Hasta 2020 mantenía abiertos esos procesos por peculado y malversación de fondos.

Arnoldo Barahona

Inició su trayectoria en la Municipalidad de Escazú como regidor suplente en 1998 y se convirtió en alcalde en 2010.

En setiembre de 2019 fue sujeto a una investigación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por un caso de presunta violencia política interpuesto por la exvicealcaldesa, Luisana Toledo.

En aquel momento, Toledo denunció que el jerarca había modificados sus funciones para vaciar de contenido a la Vicealcaldía. En respuesta, el TSE suspendió la resolución que había aprobado Barahona y que limitaba las acciones de Toledo.

Su nombre también apareció en el expediente del caso “Cochinilla”. En los reportes del OIJ se le vinculó directamente con la constructora MECO, la empresa enlace partiendo de la cual se han llevado a cabo muchas de las licitaciones ilegales.

El Centro de información Confidencial del OIJ denunció a Barahona y a Toledo en 2019, alegando que ambos habrían recibido dinero de MECO, ya que la constructora había hecho múltiples trabajos en el cantón.

Mario Redondo

Dos veces diputado, Redondo llegó a la alcaldía de Cartago en 2020 bajo el partido Alianza Demócrata Cristiana.

Este 2021 anunció su intención de formar una coalición junto al ahora candidato Eliécer Feinzaig para disputar la elección presidencial de 2022; sin embargo, poco después de esa noticia, decidió renunciar a esa aspiración luego de que su nombre apareciera en el expediente judicial del caso “Cochinilla”.

Redondo confesó que empleados de MECO se le habían acercado para proponerle varios trabajos, entre ellos Abel González, gerente de MECO, quien lo habría contactado para discutir sobre el proyecto de concesión de la carretera entre Cartago y San José.

Hoy, igual que en aquel momento, el alcalde defendió su inocencia.

Humberto Soto

El licenciado Humberto Soto Herrera está actualmente cumpliendo su primer mandato como alcalde del cantón de Alajuela.

Fue director de la escuela de Tuetal Sur, y se dedicó a la docencia durante 34 años. Durante su campaña para convertirse en alcalde, prometió crear una Fiscalía de Ética municipal para darle seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción que se presenten en el gobierno local alajuelense.

En julio de este año, bajo la orden de Soto, la Auditoría de la municipalidad de Alajuela empezó a investigar los contratos del ayuntamiento con las empresas vinculadas al caso Cochinilla, que habrían hecho obras para esta localidad desde 2007.

10 años más tarde, fue denunciado ante el Tribunal de la Ética del PLN por un grupo de regidores verdiblancos por aparente incumplimiento de sus obligaciones éticas y morales como miembro del partido.

Años antes, en 1999, también había sido condenado, a lo interno de la agrupación política, por violentar principios partidarios.