Diputados aprueban restricciones e impuestos para vapeadores y cigarros electrónicos

Con el apoyo de 25 diputados y el rechazo de otros 15 este lunes se aprobó en primer debate el expediente 21.658 para regular los vapeadores y cigarros electrónicos en el país.

La propuesta, impulsada por la oficialista Catalina Montero y el liberacionista Luis Antonio Aiza, equipara las restricciones del cigarrillo común a estos aparatos, de manera que sus usuarios ya no podrán utilizarlos en lugares públicos.

Además, definió un impuesto de 20% para la importación y compra de estos aparatos como una forma de compensar el impacto que estos tienen en la seguridad social y, además, desincentivar su uso.

La discusión de la iniciativa enfrentó al Plenario debido a sus condicionantes pero también sus alcances.

María Inés Solís (PUSC) planteó rebajar ese impuesto que tildó de abusivo y que dijo castigará a quienes han visto en los vapeadores una forma de dejar el cigarrillo común, que para muchos es más nocivo que estos nuevos dispositivos.

Sin embargo, la tesis de la mayoría fue que el propósito de ese impuesto es precisamente desincentivar el consumo de nicotina y otros químicos en la población.

José María Villalta aseguró en su intervención que el año pasado el país recaudó ₡27 mil millones por el impuesto al tabaco, una cifra muy corta en comparación a los ₡300.318 millones que dijo le costó al país atender enfermedades relativas al tabaco.

Paola Vega (PAC) criticó con dureza la decisión de equipar a estos dispositivos con el cigarrillo común y dijo que esta es una estrategia que las tabacaleras vienen aplicando en otros países precisamente para atacar su uso y así atacar, de manera indirecta, la competencia.

El proyecto, además, establece sanciones económicas para quienes utilicen estos aparatos en lugares públicos o bien para aquellas empresas o personas que los vendan de manera ilegal, a menores de edad o bien a quienes permitan su uso en espacios prohibidos.