Por Juan José Herrera |4 de febrero de 2021, 17:37 PM

Los jerarcas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitaron hoy de manera formal al presidente del Congreso y los jefes de las diferentes fracciones de la Asamblea legislativa restablecerles ₡1.879 millones de los ₡2.610 millones que les fueron recortados en el presupuesto ordinario de 2021.

El presidente del Tribunal, Luis Antonio Sobrado, se hizo acompañar de sus directores para hacerles ver a los legisladores el impacto real que el recorte aprobado el año anterior tendría en las elecciones presidenciales de 2022.

Sobrado explicó que de cara a las “elecciones más complejas de la historia del país” desde el punto de vista político el TSE se ve amenazado por la falta de recursos para mantener el respaldo de toda la información registral y electoral del país, así como de pagar el servicio de seguridad perimetral.

El primero es el respaldo que utiliza el tribunal de toda la información ciudadana en caso de que sus bases de datos fallen, el segundo el sistema que protege al TSE de cualquier ataque informático.

Entre ambos rubros el Tribunal paga alrededor de ₡800 millones anuales y ambos contratos vencen a mediados de este año.

Sobrado defendió que el TSE hizo un esfuerzo mayúsculo para negociar a la baja su presupuesto actual, con una disminución de 16% con respecto al 2020 en concordancia con la conciencia que dijo tiene la institución con la difícil situación fiscal que atraviesa el país.

Añadió, además, que en Costa Rica el costo del voto en la elección de 2018 fue de $2.33 por elector y que esa cifra podría bajar hasta a $2.15 en 2022 como una muestra de eficiencia.

“Somos de los procesos electorales más económicos de toda Latinoamérica, por ejemplo cada voto cuesta aquí 10 veces menos que en Panamá o 5 que en Guatemala, pero esa rebaja de ₡2.610 millones nos deja en una situación en extremo delicada y pone en riesgo la elección de 2022”, dijo el magistrado.

En respuesta, las autoridades del Tribunal propusieron a los diputados que les otorguen ₡1.236 millones a partir del ahorro de deuda política que recién se aprobó en un proyecto de ley, así como otros ₡643 millones mediante un presupuesto extraordinario.

El frenteamplista José María Villalta, quien objetó el rebajo presupuestario desde su discusión, aseguró al resto de diputados que estas son las consecuencias del “espíritu recortista” y los “recortes de escritorio” que ellos mismos defendieron durante la discusión del presupuesto, medidas que ahora tienen a un puñado de entidades como el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Educación señalando falta de recursos para cumplir con sus funciones más básicas.