Por Juan José Herrera |29 de enero de 2021, 17:01 PM

La solicitud que el presidente Carlos Alvarado le planteó al Ministerio de Salud para darle prioridad a los diputados en el esquema de vacunación contra el COVID-19 cada vez suma más detractores dentro del Congreso.

Si bien los beneficia, los legisladores parecen no estar de acuerdo con que ese trato diferenciado y abogan, principalmente, porque se respeten los criterios que ya habían definido previamente las autoridades de Salud.

“Mi posición es que los únicos que deberían tener prioridad son aquellos diputados con condiciones de riesgo pero siempre dentro de los grupos ya definidos. Si luego nos tocará al resto esperar o buscar vacunas por la vía privada es otra discusión, pero ahora mismo se debería respetar lo establecido y sí asegurar que el trabajo legislativo no se vuelva a interrumpir por un caso positivo, como no se hizo en los casos de la diputada (Ivonne) Acuña ni Harllan (Hoepelman)”, dijo la subjefa de fracción del PUSC, Shirley Díaz.

Luis Fernando Chacón, al frente de la bancada del PLN, ya había adelantado desde ayer que su posición y la de parte de su fracción también pasaba por no priorizarlos y en su lugar, afirmó, valorar la opción de la medicina privada.

Xiomara Rodríguez, jefa de Restauración Nacional, abogó también por respetar lo que dictan las autoridades en esta materia y subrayó que la solicitud no nació del Plenario.

“Personalmente creo que es el Ministerio de Salud el que debe decir cuál será el protocolo y calendario para proceder con las inmunizaciones, valorar cual es la población de riesgo para saber con quién iniciar cuando el momento lo amerite. No lo estamos solicitando y debe acatarse lo que disponga Salud”, afirmó.

Resuelto

El interés original que motivó la solicitud del presidente Alvarado tampoco tendría sentido ahora, luego de que el presidente del Congreso confirmara que las sesiones virtuales ya se pueden realizar.

Cruickshank firmó el miércoles anterior el protocolo que autoriza esa práctica y eliminó así la posibilidad de suspender la labor legislativa ante un caso de COVID-19, como sucedió esta semana por el positivo del verdiblanco Gustavo Viales.

Alvarado hizo la solicitud motivo por la importancia que la reforma al empleo público y otra serie de proyectos tienen en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que deberá estar resuelto antes de que llegue julio próximo.

Por eso el mandatario insistió en que no se puede paralizar el trabajo del primer poder de la República.