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Luego de dos años de discusión en esta legislatura y más de una década en la Asamblea Legislativa este martes fue aprobado en segundo debate el proyecto que define y fija la usura en Costa Rica.

Tras superar una última consulta de constitucionalidad la semana anterior, 50 diputados apoyaron hoy la iniciativa, que fija en 39% la tasa máxima de interés para todos los créditos formales del país.

Cualquier cifra por encima de ese techo se consideraría usura y, por lo tanto, un delito.

El proyecto, impulsado con ahínco por el liberacionista David Gourzong y el oficialista Welmer Ramos, establece una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, vigente desde enero de 1995 y que sanciona la usura, pero nunca definió los parámetros para determinarla.

 “Nos ha tomado casi dos años sacar adelante este proyecto entre mi despacho y el del señor (Welmer) Ramos para llegar a un texto de consenso y englobar así las observaciones de todos los legisladores.

“Esta fue una lucha para ponerle fin a la usura, a la esclavitud financiera que sufren muchos costarricenses”, dijo Gourzong.

“Este creo que es el proyecto que tiene más impacto en las fianzas de las familias que va a a aprobar esta Asamblea Legislativa.

“Lo digo por hay más 4.5 billones de colones que superan el 62% de interés según nuestros cálculos nuestros, la disminución de 23 puntos porcentuales en la tasa de interés significa más de un billón de colones en que va a disminuir el pago para esas familias”, añadió Ramos.

La iniciativa define entonces un tope de 39% para los créditos y las tarjetas, mientras que en el caso de los microcréditos (préstamos de ₡675.000 o menos) la tasa máxima será de 55%.

El Código Penal castiga con entre seis meses y tres años a quienes cometan usura.

Hasta ahora el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) han sido claros en que la fijación de esa tasa podría provocar que se produjera una masiva exclusión del sistema financiero de los sectores más vulnerables.

El Central había propuesto una tasa máxima de 57%, mientras que la SUGEF 45%.

Dudas

Varios diputados que apoyaron la discusión original externaron dudas de aprobarlo en el contexto actual de emergencia por la pandemia del COVID-19.

En esa línea la independiente Ivonne Acuña, que ya había lanzado la advertencia en la votación de primer debate, recordó este martes que ese porcentaje consensuado se dio bajo “una realidad muy diferente” para el país.

“La tasa que establecimos en aquel momento lamentablemente ya generaba exclusión financiera, genera pobreza. Según expertos más de 200.000 personas bajo la realidad actual serán excluidas por ese nuevo tope, un tope que no se fijó bajo esta realidad actual”, aseveró.

"Lo que están haciendo es vendiéndole humo a los costarricenses", criticó la independiente, quien subrayó que la medida no afectará a los actuales tenedores de crédito sino solo a los nuevos préstamos, por lo que aquellos ya endeudados tendrían que buscar refinanciamiento, con la posibilidad de que estos no sean aceptados.

"Esta es una medida poco lista y no más que una curita para el verdadero problema que enfrentan los costarricenses. Es una iniciativa famosa y populista que va a provocar que aquellos que sean excluidos del sistema formal terminen en el sector informal, agravando el problema y consiguiendo el efecto contrario que hoy persigue esta ley", dijo la socialcristiana María Inés Solís.

El también socialcristiano Pedro Muñoz, opositor igual del proyecto, llamó al Banco Central a revisar todos los efectos que vaya a tener la futura ley.

"Los positivos, si es que los llega a haber, y los negativos, de conformidad con las facultades de ley que se le otorgan al Banco Central", aseguró.

Posiciones encontradas

La tesis de los defensores del proyecto, incluido el liberacionista David Gourzong, es que la definición de la tasa de usura era una tarea pendiente de la Asamblea Legislativa y un problema que tiene demasiados años.

Se estima, por ejemplo, que en el país la deuda por tarjetas de crédito es de más de un billón de colones y en su mayoría las tasas de interés superan el 45%, algunas llegando hasta el 60%. 

El Banco Central y la Sugef, sin embargo, insistieron en que un interés alto es el “escudo” que tienen las entidades financieras para brindar créditos a personas con garantías menos sólidas, de manera que el riesgo de impagables sea asumible.

Esa disminución en las tasas, aseguran, provocará que esos créditos empiecen a ser denegados a las poblaciones más vulnerables, una situación que según varios legisladores se agrava aún más con la crisis actual.

"El verdadero problema no es la tasa de interés, es el sobreendeudamiento, y eso no se está atendiendo aquí", añadió Solís, que pese a todo mantuvo su voto en positivo.

Más reglas

El proyecto aprobado, además, imposibilita a los prestamistas a incorporar a la tasa de interés cualquier costo, gasto, multa o comisión que supere los $12 después de que hayan transcurrido cinco días hábiles vencido el plazo para el pago de la cuota. Esa sanción solo se podrá aplicar una vez al mes.

De igual forma se obligará a los oferentes del crédito a solicitarle al potencial deudor una para tener acceso a la Central de Información Crediticia de la SUGEF para visualizar el total de sus obligaciones crediticias vigentes para evitar el sobreendeudamiento del consumidor financiero.

Además, se deberá suministrar al deudor, previo a suscribirse el contrato, “información escrita, clara, actualizada y suficiente, que precise el mecanismo que se emplee a fin de determinar la tasa de interés, los saldos promedios sujetos a interés, la fórmula para calcularlos y los supuestos en los que no se pagará dicho interés” y presentar explícitamente, en los estados de cuenta, el desglose de los rubros que el usuario debe pagar.

Los diputados urgieron al Poder Ejecutivo para firmar y publicar “cuanto antes” la iniciativa.