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Costa Rica es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, pero su riqueza de flora y fauna también la hacen un punto estratégico para los "lavadores" de especies. 

Las denuncias por delitos ambientales han aumentado en los últimos años: pasamos de 1.729 en el 2017 a 2.291 el año anterior. Entre las infracciones más comunes están la tala en zonas protegidas, la invasión de áreas de conservación, la extracción ilegal de materiales, la caza y el tráfico de vida silvestre. 

Los expertos han notado una especialización de los grupos criminales que aprovechan la biodiversidad de naciones como Costa Rica para enriquecerse. Por eso, el abordaje de los delitos ambientales ha cambiado y cada vez se tramitan casos más complejos.

El coordinador de la Fiscalía Ambiental, Luis Diego Hernández, habló con Teletica.com sobre la nueva estrategia para frenar a quienes roban animales e insectos, así como terrenos y otros recursos como el agua. 

A continuación, la transcripción de esa entrevista. 

¿Cómo ha cambiado el abordaje de los delitos ambientales en los últimos años?, ¿se ha involucrado la Fiscala General?

Si existe una gran sensibilización por parte de la jerarca en estos temas y en estos delitos; es decir, para ella han sido prioritarios, no tanto por las penas, generalmente se ha tendido a priorizar la persecución de los delitos o su gravedad de acuerdo con las penas. En el caso de los delitos ambientales, si bien no cuentan con penas muy altas, al bien jurídico que está detrás sí se le ha dado muchísima importancia por involucrar medioambiente y la calidad de vida de todas las personas.

¿Están actuando solo contra denuncia o también de oficio y mediante inspecciones?

Se actúa de oficio, generalmente. Incluso, la Fiscalía cuenta con un monitoreo de redes sociales, nada muy profesional ni es que se cuente con una plataforma, pero sí se realiza un monitoreo de prensa escrita, radio, televisión y redes sociales para captar las denuncias ciudadanas o las quejas que se publican acerca de daños que afectan al ambiente y a todas las comunidades del país.

¿Cuáles son los delitos que se detectan con más frecuencia?

Lo que se da más es el delito de tala ilegal, de la Ley Forestal, y de ahí también el cambio en el uso del suelo que afecta los bosques; el tráfico de vida silvestre, los delitos mineros, los delitos que tienen que ver con captación indebida de aguas de dominio público, básicamente.

¿Cuántas personas trabajan en estas investigaciones?, ¿han aumentado el personal?

Con esta administración, la Fiscalía ha crecido: se asignaron dos plazas de fiscal ambiental más, una fue destacada en Limón, ese es su nombre, Fiscalía Ambiental de Limón; una plaza más de fiscal en San José y una plaza más de técnico judicial acá en San José.

¿Qué han descubierto detrás de los delitos ambientales?

Precisamente, ese ha sido el énfasis de la Fiscalía en los últimos años y de la Fiscala General, en el sentido de empezar a visualizar que detrás de la gran mayoría de delitos ambientales existe una criminalidad ambiental transnacional. Por ejemplo, ese fenómeno de redes y de estructuras criminales es muy notorio en los delitos de exportación o tráfico internacional de especies de vida silvestre y estas organizaciones son muy similares a las del narcotráfico, son idénticas por decirlo así.  ¿En qué aspectos? Bueno, se perfilan roles bien definidos: en el caso de exportación de vida silvestre tenemos a los colectores que incluso son hasta profesionales en biología y ciencias afines y ellos saben dónde se encuentran las especies en Costa Rica más apreciadas en el mercado ilícito internacional.

Se encuentran los “burros”, que solo fungen para trasladar especies de un país a otro, etc. Son roles bien definidos, tiene que ver también con la legitimación de capitales, la evasión y la corrupción, porque por supuesto detrás del tráfico internacional de vida silvestre definitivamente existe la inacción o para decirlo más claramente, la corrupción de funcionarios públicos.

En el caso del tráfico de especies, ¿existe un mercado que está pagando altas sumas por ese tipo de negocio?

El último reporte de situación del OIJ de Costa Rica calcula una movilización de $7.000 millones en el mundo por comercio ilegal de flora y fauna silvestre. En el caso del país, uno de los cargamentos que detuvimos el año pasado tenía un valor hasta de $31.000; entonces sí estamos hablando de un mercado fuerte, de una demanda fuerte sobre todo en mercados asiáticos, europeos, en Norteamérica y eso pone a Costa Rica en una situación vulnerable porque nosotros somos un banco de especies y aquí sí existe una gran logística, conocimiento, gente muy experimentada y profesional. Incluso, especies que hacía 40 años los estudiosos, los científicos no habían visto, se han detectado siendo traficadas al extranjero.

¿Qué tan difícil es comprobar este tipo de delitos?

Gracias a la labor que está realizando el Organismo de Investigación Judicial en aeropuerto y también en Correos de Costa Rica, con colaboración por supuesto de personal de estas instituciones, sí se han logrado acreditar varios casos y llevarlos a juicio. Por ejemplo, en febrero de 2019 tuvimos un hallazgo de 6.296 especímenes con un valor de $31.100, los imputados fueron dos alemanes, el destino era Alemania y los detenidos fueron deportados a su país de origen. Luego, el 25 de julio de 2019, en el Aeropuerto Juan Santamaría se hallaron 57 anfibios, 46 reptiles con un valor de $13.000, el imputado era un ruso, se logró condenar y se le impusieron dos meses de prisión preventiva y dos años de sentencia y fue deportado, también.

El 30 de septiembre de 2019 en el aeropuerto detectamos un hallazgo de más de 100 especies, el valor está por definir, entre ellas ranas rojas, ranas verdes con negro que están en el Apéndice dos de Cites, el detenido fue un chileno nacionalizado alemán, el destino era Alemania y actualmente está con una medida cautelar de impedimento de salida del país, la acusación ya fue formulada.

En general, no solo se están detectando los casos sino que se están investigando y se están llevando a juicio oportunamente.

¿Hay algún tipo de control en los sitios de manejo?

Es un tema administrativo porque los centros de manejo, los centros de rescate donde se da la reproducción de especies o la investigación con especies, pues tienen que tener todos los permisos del Estado y esa función de otorgar permisos y de monitoreo recae en el SINAC. La Fiscala General sí ha realizado dos indicaciones muy contundentes al MINAE para que controle, porque muchas veces se ha detectado que los centros obtienen el permiso, pero presentan muchísimas irregularidades: se les encuentran especies que no están autorizados a reproducir, por ejemplo. Doña Emilia ya le hizo el señalamiento al SINAC, propiamente al Ministro de Ambiente, y ya se están dando los primeros operativos. Hemos notado que estos centros sirven de mampara para, por decirlo así, “lavar” especies ilícitas al amparo de un permiso que sí permite cierto tipo de manejo respetando las disposiciones científicas.

¿Es complicado investigar casos detectados en redes sociales? Por ejemplo, cuando solo tienen una foto de prueba.

Sí es difícil porque generalmente son casos que se dan en la clandestinidad, entonces ahí el único recurso es apelar a la denuncia ciudadana, sensibilizar a las personas que pudieron haber visto algo, acercarse a la Fiscalía y fungir como testigos, ese es el llamado que se hizo en una campaña: que no tengan ningún temor de denunciar y que su testimonio es muy importante. Cada vez, gracias a las redes sociales y la existencia de organismos no gubernamentales y páginas de ambientalistas, están muy cerca, conviven muy de cerca con las comunidades, captan información, suben fotografías y eso nos alimenta: es una fuente para captar delitos ambientales.

¿Cuáles son los retos que enfrenta la Fiscalía Ambiental?

Quizá la especialización a nivel nacional, contamos con fiscales especializados en San José y en ciertos lugares como Limón, Golfito y Guanacaste, pero el resto del país el fiscal que lleva la materia ambiental no necesariamente es altamente especializado, a la par de esos delitos lleva casos de narcotráficos, homicidios, etc. Debería haber también Juzgados y jueces altamente especializados en materia ambiental porque hay muchísimos principios en doctrina que informan los delitos ambientales y si no se manejan bien puede existir una desprotección.