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Los diputados que analizaban el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) urgieron a las universidades públicas a adoptar un régimen de empleo público que permita reformar su escala salarial y les hicieron un llamado a autofinanciarse para dejar de depender solo del aporte estatal.

Así se desprende del informe final presentado este miércoles tras más de un año de investigación y que contó con el apoyo unánime de la comisión.

“Como se ha evidenciado en esta amplia investigación, los salarios de todas las clases dentro de las universidades, tienden a ser mucho más elevados que los del resto del sector público, pese a desempeñar las mismas funciones o similares. Actualmente el pago de salarios e incentivos supera el 50% del presupuesto de las universidades públicas”, cita el informe.

El análisis legislativo destaca que durante años el presupuesto del FEES se ha destinado mayoritariamente al pago de salarios millonarios y a realizar inversiones en los campus centrales, dejando de lado los regionales y provocando que no se garantice la misma calidad de educación en sedes regionales.

Además, los legisladores criticaron que hasta ahora las negociaciones entre universidades y el Poder Ejecutivo se han concentrado siempre en ese traslado de recursos, dejando de lado la posibilidad de acordar metas, programas o proyectos bajo el escudo de la autonomía universitaria.

“Cabe destacar, que, si bien las universidades públicas cuentan con el respaldo del financiamiento estatal, por medio del FEES, es necesario que asuman lo más pronto posible, el reto de establecer una política de autofinanciamiento, que les permita fortalecer las fuentes de recursos para llevar adelante sus objetivos”, añade.

Críticas

Dentro de los cuestionamientos de los diputados también hubo palabras para la oferta académica, que está “obsoleta y divorciada del sector productivo”, especialmente en la UCR, UNA y UNED.

En este punto se le dio a las universidades cinco años para acreditar ante SINAES o ante entidades avaladas por este las carreras de educación, derecho, ingeniería en construcción, arquitectura, periodismo y comunicación, tecnologías de información y de alimentos y las carreras steam.

“En un período máximo de  12 años a partir de la aprobación de este informe finalizando en el año 2032 a más tardar, acreditar las carreras de  ciencias sociales, del comportamiento e información, administración de empresas, ciencias naturales, matemáticas y estadística, agricultura y silvicultura, pesca y veterinaria y servicios de higiene, salud ocupacional y servicios de seguridad y transporte, bienestar y asistencia a  adultos mayores, asistencia a infantes y discapacitados, servicio a jóvenes, orientación y trabajo social en todas sus sedes y programas”, añade.

Los legisladores también condenaron los ataques sistemáticos que aseguran recibieron de parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) durante la investigación, asegurando que quedaron evidenciados los límites que los rectores están dispuestos a cruzar con tal de defender “sus privilegios abusivos”.

“El informe esperamos deje claro la necesidad de utilizar de una forma correcta los recursos que estamos invirtiendo en las universidades públicas.

“No está clara su pertinencia, no está clara su regionalización y por lo tanto proponernos el 8% del PIB en educación, pero sobre todo un porcentaje importante en la educación superior, sin esa orientación estratégica, podría calificarse como una utilización no óptima de esos recursos”, dijo el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, presidente además de la comisión.

“El trabajo de la Comisión también deja en claro el tema de la sostenibilidad, que no es un tema de si quieren o no quieren atender las universidades, se trata de un reto de muy corto plazo para ser atendido sí o sí, de lo contrario deberán tomarse decisiones severas”, afirmó a su vez la liberacionista Yorleni León.