Por Juan José Herrera |22 de mayo de 2020, 5:19 AM

La exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, condenó la decisión del presidente Carlos Alvarado de no vetar la Ley que exime parcialmente a las municipalidades de cumplir la regla fiscal, al tiempo que lamentó que el Gobierno siga debilitando una Ley por la que se trabajó tanto.

Aguilar, hoy Superintendente de Pensiones, responsabilizó al Presidente de esa situación pero también a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los que cuestionó su falta de congruencia por aprobar la reforma tributaria para luego modificarla en detrimento de las finanzas públicas.

“Estamos hablando de que le Presidente no vetó la Ley, pero yo me voy un paso atrás, tenemos una Asamblea Legislativa que aprobó esa Ley y es el mismo Congreso que en diciembre de 2018 aprobó una reforma fiscal y que hoy desoye al propio Ministerio de Hacienda y al Banco Central sobre su cumplimiento.

“Lo segundo es que además la premisa de que las municipalidades generan sus propios ingresos es errónea, ellos generan esos ingresos porque se lo cobran a sus contribuyentes y si no entran en un proceso de disciplina fiscal el que va a sufrir es el contribuyente, o si caen en una situación de insuficiencia, ¿quién cree usted que va a tener que rescatar a las municipalidades?”, cuestionó Aguilar.

-¿Pero dónde está la responsabilidad del Gobierno por convocar ese proyecto en primer lugar?

“No la estoy eliminando, ahí está. Pero no puedo hablar como ministra de Hacienda, no estoy ahí.

-Pero estuvo ahí y enfrentó decisiones muy parecidas.

“Cuando estuve y tuve que opinar, opiné. El proceso de reforma (fiscal) no salió como queríamos originalmente, hubo que hacer concesiones para conseguir que se aprobara. Pero hoy, desde el otro lado, sí lamento que efectivamente no se haya vetado esta Ley, como lamento que se haya convocado y como lamento que se haya aprobado, todas por igual”, aseguró.

Para la exministra el daño de estas decisiones no solo repercute en las finanzas del Estado, sino que además afecta la imagen que el país ganó tras la aprobación de esa reforma y el acceso que tiene a créditos internacionales en mejores condiciones.

“Hay préstamos que se aprobaron porque se aprobó esa Ley, si hoy estamos dándole a los organismos el mensaje de que esto no va a funcionar porque hay un cambio en esa disciplina estricta que se prometió eso puede cambiar, y eso sí debería preocuparnos”, finalizó.

Una vez más

La decisión del Gobierno de ir en contra de la reforma fiscal y el criterio del Ministerio de Hacienda no es nueva, de hecho, es habitual.

En 2019, en medio de una acalorada huelga de Salud, el Ejecutivo acordó firmar un polémico acuerdo con la CCSS para poner fin a ese movimiento social. Ese acuerdo permitía el pago de anualidades y pluses salariales en esa entidad de manera porcentual y no nominal como indica la ley, una decisión que pasó por alto las reiteradas advertencias de la entonces ministra Aguilar.

Fue entonces la Contraloría General de la República la que salió en defensa de la Ley al obligar a la CCSS a ajustarse a la norma y dejar sin efecto ese acuerdo.

Situaciones similares sucedieron con las universidades públicas y el Poder Judicial.

Esta vez, con Rodrigo Chaves en la cartera de Hacienda, la posición del Gobierno fue idéntica.

Chaves envió el martes una carta a Carlos Alvarado donde le pidió que vetara parcialmente esa Ley de exoneración a las municipalidades, específicamente en el no cumplimiento de la regla fiscal, advirtiendo precisamente del potencial daño que haría a las finanzas del Estado.

Pocas horas después el mandatario anunció en sus redes la firma a la nueva ley.

“Continúa el show político del Poder Ejecutivo y somos la Asamblea Legislativa el pato de la fiesta. El Gobierno convoca el proyecto y la fracción oficialista vota a favor en primer y segundo debate. Después el ministro de Hacienda, quien había guardado silencio durante todo este tiempo, le pide al Presidente que vete parcialmente ese proyecto de ley. 

"¿Es incapacidad o es que nos quiere ver la cara de tontos a todos nosotros?, cuestionó con ironía ese mismo martes el diputado socialcristiano Pedro Muñoz, uno de los pocos legisladores que votó en contra del proyecto.

“Si el Presidente no le hace caso al ministro de Hacienda tenemos un presidente que no oye a su ministro y entonces este se tiene que ir. Si el Presidente le hace caso al ministro, yo quiero ver a la fracción de Gobierno qué va a hacer ante un veto presidencial, y si la fracción no le hace caso al Presidente entonces se demuestra que todo esto es un show”, añadió.