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Tres profesionales en epidemiología, sociología y derechos humanos analizaron, este martes,  la situación que vive Nicaragua y el manejo que le está dando el Gobierno Ortega-Murillo a la pandemia que deja más de 316.000 muertos en todo el mundo.

La actividad fue organizada por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. 

Yayo Vicente quien es un veterinario especializado en epidemiología, Elvira Cuadra socióloga nicaragüense radicada en Costa Rica y Francisco Aguilar, abogado experto en derechos humanos, coinciden en que si el vecino país continúa sin rumbo y sin intervenir significaría "enviar a la población de Nicaragua al matadero", lo que será un "genocidio sin precedentes".

El régimen confirmó, hasta este martes, 254 casos de COVID-19 y 17 muertos, un crecimiento sustancial respecto a los 25 casos y las ocho muertes que reconocían la semana pasada.

“Al menos 32.500 nicaragüenses podrían morir por la pandemia, pero a como se está manejando el coronavirus mataría a más 260.000 personas y, en corto tiempo, los hospitales van a estar saturados y los panteones no van a dar abasto”, indicó Vicente.  

Considera, además, que el aislamiento, distanciamiento social, la cuarentena e higiene personal son uno de los pilares para contener los contagios; sin embargo, es algo que el país del norte no está aplicando para evitar una catástrofe.   

En Nicaragua, las decisiones más importantes han sido una negación recurrente del estado de emergencia y de los efectos del coronavirus. 

“Esto es una lógica de negligencia criminal y esta es la razón que ha tomado Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertaron con suficiente tiempo para atender esta emergencia”, señala Elvira Cuadra.

Para Cuadra, las autoridades promueven el contagio masivo al organizar actividades entre empleados públicos y simpatizantes, ferias, marchas en apoyo al Gobierno, festivales, partidos de béisbol y otros eventos culturales.

“Este mes de mayo la misma Rosario Murillo informó sobre 2.500 actividades a realizarse dentro de un calendario de Gobierno que se tiene en este momento. El gobierno obliga a los trabajadores de salud a no protegerse contra el coronavirus de tal manera que muchos profesionales están contagiados y otros ya fallecieron”, agrega.

Hasta la fecha, el Gobierno de Ortega ha ocultado la información a la OMS y OPS, de tal manera que no se sabe con certeza la cantidad de personas contagiadas ni cuántas pruebas de COVID-19 se han realizado en el país y, mucho menos, la realidad de los fallecidos, falseando la realidad e identificado las muertes como neumonía atípica.

Según los analistas, en el país no hay campañas de prevención y se impide que otras personas las hagan, como a la Iglesia Católica que iba a colocar clínicas para la atención, pero el régimen se lo prohibió.

“A Daniel Ortega no le importa cuantos muertos hay en Nicaragua, lo que le importa es decir que no hay coronavirus. Para luchar contra el virus se necesita transparencia y no se vale decir que hay pocos muertos cuando se sabe que llegan camiones con decenas de muertos para ser enterrados de noche”, indica Francisco Aguilar.

Aguilar, quien es experto en derechos humanos asegura que “en Nicaragua se está dando un genocidio por negligencia porque es más importante llenar egos que salvar vidas”.

Al parecer, según lo señalaron los profesionales este miércoles, en el país vecino del norte lo que hay es una política de muerte a raíz de las decisiones y aún no se ve en el horizonte una acción diferente.

La OPS dijo este martes que Nicaragua ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por COVID-19 y recordó que una mejor respuesta a la pandemia requiere conocer la situación en el país.