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Luis Eduardo Salazar, exasesor legal de Casa Presidencial y uno de los encargados del decreto que creó durante unos días a la Unidad Presidencial de Análisis Presidencial (UPAD) anunció este domingo por la tarde que emprenderá acciones penales y legales contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

La razón de este medida es que, según Salazar, ella "preconstituyó prueba espuria e ilegal" , violando el artículo de la 36 de la Constitución, que prohibe que alguien sea obligado a declarar contra sí mismo.

El caso tiene que ver con el informe que presentó Crespo el viernes pasado, en el que señaló que, tras cinco días de investigaciones, encontró que la UPAD tuvo acceso a datos sensibles por medio del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE).

La defensora aseguró que este fue una de las conclusiones a las que llegó luego de que su equipo entrevistara a personas vinculadas al funcionamiento de la UPAD, al mismo tiempo que indicó que ese informe lo pasaría a la Fiscalía.

Salazar dijo en su cuenta de Twitter que el informe "fue poco serio que no duró ni cinco días elaborando, llegó a conclusiones incorrectas, basadas en información falta y pésimamente malinterpretada".

"Una defensora de los habitantes que pasa por encima de derechos fundamentales es alarmante. Con mis abogados estudiará las acciones legales y penales en su contra" dijo en su cuenta personal.

Salazar, renunció a su cargo el mismo día en que se dieron los allanamientos en Casa Presidencial por el caso UPAD, pero seguirá como comisionado de la población LGBTI sin cobrar salario.

Este sábado el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) también criticó el informe de la defensora, pero este reaccionó poco después defendiéndolo.