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Luego de meses de discusión un acuerdo multipartidario tomado la noche de este miércoles consiguió finalmente sacar el proyecto para combatir la usura de la Comisión de Asuntos Hacendarios y enviarlo al Plenario.

Los diputados de la comisión dictaminaron de manera unánime la iniciativa de ley 20.861 propuesta por el liberacionista David Gourzong y el oficialista Welmer Ramos.

El proyecto propone una reforma a la ley para que se fije en 39% la tasa máxima de interés que las entidades financieras pueden cobrar por un crédito, luego de esto se consideraría usura y por lo tanto un delito.

El dictamen pone fin a una ardua y extensa discusión de años sobre cuál debía ser considerado ese tope, un debate que frenó el avance de al menos tres iniciativas similares en legislaturas anteriores.

“Hoy tenemos que celebrar los costarricenses. Se salda una deuda histórica con el pueblo, una deuda de justicia social. Es el inicio de la abolición de la usura. Desde hace más de un año y medio presentamos el expediente 20.861”, celebró Gourzong.

La decisión unánime llegó un precedida de un acuerdo de los nueve diputados de la comisión para dictaminar el texto aun con observaciones en contra, esto para lograr trasladar la discusión al Plenario y que sea ahí donde se termine de afinar el proyecto.

Esa posición fue aplaudida por los legisladores como un “ejemplo de voluntad política” para saldar una deuda histórica con el país.

“Agradecerle a cada uno de los señores y señoras diputadas que encontraron que es el momento histórico para tomar esta decisión. Próximamente será conocido este dictamen en el Plenario legislativo y esperamos contar con el apoyo de la gran mayoría de legisladores que estamos haciendo un cambio radical para el futuro de Costa Rica”, añadió el liberacionista.

¿Qué es?

El proyecto propone una modificación a la ley para así poder aplicar finalmente el artículo 243 del Código Penal, el cual castiga la usura con penas que van desde los seis meses hasta los tres años de cárcel.

Esas sanciones nunca han sido aplicadas pues hasta ahora nunca ha podido definirse a partir de cuándo existe esa usura.

La iniciativa establece entonces un tope de 39% para los créditos y las tarjetas, mientras que en el caso de los microcréditos (préstamos de ₡675.000 o menos) la tasa máxima será de 55%. Luego de estos se estaría hablando de usura.

La discusión en este punto precisamente obedecía al interés de los diputados por definir un porcentaje menor para ese máximo (entre 30% y 35%), una situación que según el Banco Central y otras entidades financieras provocaría la exclusión de las poblaciones más vulnerables del sector financiero, pues reduciría las garantías de los prestamistas ante el riesgo de incobrables.

Así, el Central propuso una tasa máxima a las tarjetas de crédito de 57% mientras que la Superintendencia General de Entidades Financieras un límite de 45%.

Ese estira y encoge había enfrascado a los legisladores en un dilema sobre el punto de equilibrio entre ese combate a la usura y evitar la exclusión financiera, punto que defienden es ese 39% y la inclusión por aparte de los microcréditos.

“Se tuvo una consideración importante para el microcrédito, entendiendo que este está orientado a atacar pobreza y pobreza extrema porque es el método que utilizan muchas personas como una forma de emprender o atender una urgencia, pero al ser entonces más riesgoso decidimos tener un margen mayor en términos de tasa”, explicó la oficialista Laura Guido, miembro de la comisión.

Los legisladores enviaron el texto al Plenario con la condición de que la discusión continúe ahí, entre todas las fracciones, antes de que la reforma se convierta en ley.

José María Villalta, miembro también de la comisión, recordó que aún con la aprobación de la iniciativa los usuarios del sistema financiero deberán acercarse a las entidades financieras a renegociar sus préstamos y productos bajo la futura ley, pues esta no tiene carácter retroactivo.

Este es uno de los proyectos que el Poder Ejecutivo señaló como prioritario para las sesiones extraordinarias y fue incluido dentro de las iniciativas de reactivación que defiende la administración de Carlos Alvarado.