Última Hora

Otto Guevara presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional alegando que el salario escolar no es un ahorro de los empleados públicos, sino que se toma de recursos de todos los costarricenses sin una ley que lo regule, por ende, no es constitucional.

“Yo dedico un capítulo a la naturaleza jurídica del salario escolar, existe un gran error con respecto al salario escolar, muchos empleados creen que este salario es una retención que se les hace a ellos mes a mes y que se les entrega una vez al año, pero que a lo largo del año, les hicieron a ellos una cuenta o ahorro y se lo retuvieron del salario de ellos.

"Eso es un mito urbano, no es cierto, ya inclusive yo menciono resoluciones de la Sala Segunda que han estudiado mucho sobre el tema y que han concluido que el salario escolar nunca fue una retención y que es un plus salarial más que se le da a ciertos funcionarios públicos. Viene siendo como un aguinaldo extra”, explicó Guevara a Teletica.com

Además hace referencia a que no son todos los funcionarios públicos que reciben salario escolar, solamente son los del gobierno central, funcionarios de instituciones autónomas y empresas públicas en el ámbito de competencia de la autoridad presupuestaria.

La confusión dice que existe porque, otros sectores públicos que no estaban dentro de ese plus, se organizaron para crear un ahorro escolar que sirve como salario extra de enero, pero que instituciones como el ICE, AyA, Recope, el gobierno central, entre otros, si cuentan con el beneficio de recibir salario escolar a costa de todos los costarricenses.

“El aguinaldo y el salario escolar tienen una naturaleza jurídica diferente, ya que el primero se creó por ley mientras el escolar fue creado mediante un acuerdo que tomó una comisión negociadora de salarios del sector público a mediados del 1994, que no tenía competencias para ello, y ahí yo demuestro porqué, me voy a los antecedentes y demás, luego está la resolución del director del Servicio Civil creando el salario escolar, diciendo que lo creaba porque lo había acordado así la comisión negociadora de salarios.

"15 días después viene la autoridad presupuestaria diciendo que extiende el salario escolar a las empresas e instituciones públicas que están dentro del ámbito de su competencia.

"Entonces nunca hubo ley, fue una decisión de pocas personas basado en un acuerdo de la comisión negociadora de salarios que no tenía competencia para eso”, explicó el exdiputado.

Guevara pide a los magistrados que se declare inconstitucional el salario escolar que, a lo largo de 4 años –del 94 al 98- mediante incrementos semestrales, fueron creando hasta llegar al monto de un salario completo y esto viola el principio de legalidad, porque no se creó mediante una ley.

“Esto viola también el principio de igualdad ante la ley, los empleados del sector privado no reciben salario escolar ni tampoco todos los funcionarios públicos.

"También viola el principio de razonabilidad y proporcionalidad en el uso de fondos públicos y sobre eso la Sala Constitucional ha señalado que los dineros públicos no se pueden disponer libremente, sino que tienen que tener cierta racionalidad y eso se está violando”, indicó.

Salario escolar solo para padres con hijos en edades escolares

Por otro lado, el excandidato del Movimiento Libertario argumenta que, si la Sala considera que ese salario escolar es constitucional, le pedirá a los magistrados que dimensionen el fallo para que entonces no se le entregue el salario escolar a aquellos funcionarios que no tienen hijos en edad escolar.

“Si vos no tenés hijos en edad escolar no tenés porqué recibir un salario escolar, que en teoría fue creado y así se justifica en las páginas del Ministerio de Hacienda y Trabajo, para ayudar a ciertos empleados públicos al inicio del curso lectivo, para que puedan sufragar gastos que incurran para comprar uniformes y útiles escolares a sus hijos”, aclaró.

Sin salario escolar bajarían las tarifas de algunos servicios públicos

Guevara aduce que la reducción del salario escolar tendría un impacto en el déficit fiscal ya que reduciría el gasto público del gobierno central.

Además, que también habría una reducción en tarifas como la eléctrica porque si se reduce ese gasto tendría que bajar el precio de la luz, el agua y hasta el combustible y servicio portuarios, servicios que, según menciona en el documento, están ligados al salario escolar.

“Esto tendrían un efecto muy positivo en las finanzas públicas y todos los asalariados donde tendríamos una rebaja en las tarifas. Es importante entender que estamos ante una clara inconstitucionalidad que se ha validado a lo largo de muchos años”, mencionó.

Y ¿Quién resuelve la acción?

Otro tema que Otto comentó es que ya tres magistrados emitieron una acción diciendo que se inhiben de conocer la acción de inconstitucionalidad porque ellos reciben salario escolar y habría conflicto de intereses.

Entonces hicieron una rifa y escogieron a otros seis magistrados para resolverlo, pero ya tres mandaron una solicitud de inhibición al presidente de la Sala diciendo que también tendrían conflicto de intereses porque reciben salario escolar.

“El problema es que todos los magistrados son empleados públicos y no podrían resolver esa acción porque tendrían conflicto de intereses, entonces, ¿quién defiende al pueblo?

"Es la primera vez que se da en Costa Rica una situación como esta donde, aparentemente, todos los magistrados se están inhibiendo de conocer una acción de inconstitucionalidad muy bien sustentada porque ellos consideran que podrían estar ante un conflicto de intereses de un privilegio”, destacó el exlegislador.

¿Cómo se podría resolver la acción de inconstitucionalidad?

Guevara pone en la mesa una serie de supuestos de lo que podría llegar a ocurrir en esta situación.

“Habrá que ver si esto llegaría a la Corte Plena, pero como es un tema muy especializado, se desconoce si la Corte Plena puede mandar a la Asamblea Legislativa una nueva lista de magistrados suplentes, pero que sean todos del sector privado, para que puedan valorar si eso es inconstitucional o no, habrá que ver si existe esa posibilidad ante una situación de que todos los magistrados se inhibían de conocer la acción.

"Igualmente, el presidente de la Sala está en condición de poder decirle a los magistrados que no los va a inhibir y de una u otra forma obligarlos a que conozcan la acción de inconstitucionalidad.

"Claramente esto creará dudas sobre la imparcialidad de los jueces, porque esto podría reducirles el salario que ellos mismos reciben.

"Entonces el pueblo, que termina pagando esto, estaría en desventaja ante los administradores de justicia porque ellos tienen que resolver una situación que tiene que ver con gasto público y con documentos que fueron creados sin ningún sustento legal, el cual también favorece a los magistrados y que, tal parece, podemos terminar en una situación donde ellos van a resolver eso, con una gran presión interna y personal, para conservar eso”, concluyó.