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La respuesta oportuna del Gobierno para atender la grave problemática fiscal salvó al país de una crisis, pero con esto disparó el descontento social.

Esa es la principal conclusión del Informe Estado de la Nación 2019 dado a conocer este miércoles.

El estudio destaca que, a pesar de tener la fracción legislativa más pequeña de cualquier mandato en el inicio de su gestión y un Congreso sumamente fragmentado, la actual administración logró sortear la severa insolvencia fiscal del 2018.

Aún así, el informe sentencia que Costa Rica enfrenta una “coyuntura crítica y de pronóstico reservado”, principalmente por el deterioro convergente de los principales indicadores del desarrollo económico y social y porque las decisiones que tome o no el sistema político en los próximos meses serán las que moldeen el destino del país en las próximas décadas.

Esa situación, añade el informe, se agrava por la falta de oportunidades que permiten a las personas llevar una vida digna: a saber la contracción en los ingresos y la escasa generación de empleos y de baja calidad.

Reforma fiscal

Atender esa inminente crisis le costó al gobierno de Carlos Alvarado convertirse en uno de los más convulsos de la historia: la actual administración lidió con 459 manifestaciones sociales en sus primeros ocho meses en el poder, el cuarto episodio de conflictividad más importante desde los años 90.

De esos 459 movimientos 220 se originaron a partir de la llamada reforma fiscal, convertida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre anterior.

Esta última fue una de 36 leyes sustantivas (de impacto en el desarrollo humano del país) que hicieron de este el primer año de gobierno más productivo de la historia.

El informe señala que, en este apartado, el actual gobierno reportó el sexto año más productivo desde el primer mandato de Óscar Arias Sánchez (1986-1990). El primer lugar es para el último año de la administración Figueres Olsen (1994-1998), que aprobó 59 leyes sustantivas.

Destaca, además, que solo al 22% de las leyes sustantivas aprobadas y que requerían recursos económicos no se les asignó, el porcentaje más bajo desde 1990.

Esa productividad, sin embargo, contrasta con el escaso apoyo ciudadano bajo el cual gobierna Carlos Alvarado.

Impopular

Los estudios de opinión demuestran que, desde el inicio, la actual administración contó con la menor valoración positiva por parte de los ciudadanos: en promedio solo el 31% de los costarricenses ven con buenos ojos su gestión.

Esa situación, revela el informe, incide directamente en la solidez de los gabinetes.

“En el contexto de un gobierno débil frente a los grupos de presión y en la opinión pública, los cambios ne el gabinete se vuelven más habituales y ocurren más temprano, pues inician desde el primer año de gobierno”, cita el estudio.

En las administraciones de Laura Chinchilla (2010-2014) y Luis Guillermo Solís (2014-2018), los movimientos en el gabinete ocurrieron principalmente en los dos primeros años: 71% y 62% respectivamente.

El estudio asegura, por primera vez, que el desgaste político es el principal motivo por el cual los ministros dejan su cargo.

En el actual gobierno nueve jerarcas han dejado su puesto tras año y medio de recorrido.