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A Rocío Aguilar le sobró energía como ministra. Según dijo una vez en una entrevista con el programa 7días Radio, su jornada iniciaba nadando en una piscina cuando todavía era de madrugada. A partir de allí comenzaba con una serie de reuniones que, normalmente, terminaban hasta avanzada la noche.

"Lo que lamento es que el día tuviera sólo 24 horas" dijo tras anunciar su renuncia, en clara alusión a que le había falta tiempo para hacer todo su trabajo.

Pero además de su energía, otra de las características de esta abogada y administradora de 62 años fue defender a capa y espada la idea de ser más estrictos en el control del gasto, posición que le generó apoyo pero también enemigos.

Su duro trabajo comenzó apenas el gobierno de Carlos Alvarado dio sus primeros pasos pues fue parte del equipo que arrancó esta maratón de cuatro años y que no todos terminan.

Allí enfrentaron los primeros problemas, uno de ellos fue que se encontraron con un hueco fiscal, pues hacía falta dinero que la administración anterior debía de haber presupuestado y solicitado a la Asamblea Legislativa para pagar, principalmente, deuda, cosa que no hicieron.

Al no tener ese dinero, Hacienda debió honrar esos pagos con otros recursos mientras solicitada más plata ante la Asamblea. Esa acción, aunque necesaria, resulta contraria a la ley pues se ocupa del visto bueno de los diputados.

Es por eso que su caso fue llevado a la Contraloría General de la República, la cual, según trascendió este miércoles, recomendó la suspensión por un mes.

Según lo dijo en conferencia de prensa, esa solicitud de suspensión fue lo que motivó su renuncia. Añadió que no compartía esta resolución pero que no iba a poner al presidente en una encrucijada y por eso decidió dejar su cargo.

Como si ya de por sí el problema generado por el tema de ese hueco fiscal no fuera suficiente carga, Aguilar lideró el impulso de la reforma fiscal y su posterior implementación, corriendo con el gasto político que representa una campaña por más impuestos y menos incentivos salariales.

Ella fue firme en su posición, (algo que también la caracterizó en su época de Contralora General). Por eso es comprensible que la desanimara tanto el acuerdo entre sindicatos del sector salud y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que pospuso la aplicación de nuevas reglas en el tema de pluses hasta que no se resolviera en los tribunales de justicia el diferendo entre ambas partes.

Anoche, otro acuerdo tomó una ruta distinta a la que señalaba Aguilar. Las universidades proponían que la inversión de capital en sus centros de enseñanza fuera efectuada tomando como punto de partida sus presupuestos totales, mientras que Hacienda señalaba que debían de ser 70 mil millones del Fondo Especial de Educación Superior Pública (FEES), que el gobierno les gira.

Al final, imperó la posición de los rectores y al mismo tiempo, en un acuerdo dado a conocer a la prensa, se subrayó que “no se deben de dar clasificaciones del FEES” que no hayan sido aprobadas por las universidades de manera autónoma, en clara alusión a lo que había hecho Hacienda días atrás.