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En cada discusión del presupuesto nacional hay una constante que no falla: el pulso entre las universidades estatales y el Gobierno.

Todos los años la propuesta del Ejecutivo para la definición del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que es básicamente el dinero que el Estado aporta para el financiamiento de cuatro de las cinco universidades públicas del país: UCR, UNA, TEC y UNED, encuentra un pero entre las direcciones de esas casas de enseñanza.

Este año, además del estira y encoje habitual, la entrada en rigor de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma fiscal) fue más allá con la necesidad de ajustar a las universidades a la regla fiscal y demás obligaciones que trajo consigo la norma.

En ese sentido, el Ministerio de Hacienda presentó en agosto anterior junto al proyecto de presupuesto 2020 la necesidad de que ₡70.000 millones de los ₡512.781 millones aprobados para el FEES fueran clasificados como gastos de capital: es decir, destinados a desarrollo de infraestructura o compra de equipo en lugar de a gasto corriente.

La decisión fue adversada duramente por los rectores de las diferentes universidades, que aseguran que la medida representa una amenaza para la correcta operación de esos centros estatales de estudio superior y los programas de becas que permiten a cientos de jóvenes estudiar.

Esa tesis fue escuchada por los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que el día de ayer, en una acalorada discusión, lograron reducir a la mitad las pretensiones de Hacienda.

“La intención es darles mayor aire a las universidades para que los gastos operativos del 2020 no se vean tan restringidos. Estamos destinando una gran parte de recursos al gasto de capital que es infraestructura y equipamiento pero esto no es nada si no tenés los profesores para impartir esas clases y las becas para que los estudiantes accedan a esas clases.

“Lo que logramos fue reclasificar ₡35.000 millones que estaban destinados a gastos de capital como gasto operativo, de manera que las universidades queden más holgadas en el presupuesto del próximo año”, aseguró el diputado del PAC Enrique Sánchez, precisamente el legislador detrás de la única moción aprobada de las tres que fueron presentadas en ese sentido.

Aún así, las diferentes federaciones de estudiantes universitarios anunciaron la intención de marchar el próximo martes rumbo a Casa Presidencial para manifestar su oposición a las intenciones de Hacienda y el Ejecutivo.

Hacienda, por su parte, ha sido claro en que las universidades destinan prácticamente todo el fondo (80%) al pago de remuneraciones.

Esa precisamente es la gran crítica que hace el fisco a los centros de estudio, cómo la mayoría del recurso estatal acaba en salarios.

La Comisión de Hacendarios continuará con la discusión del presupuesto para luego trasladarlo a conocimiento del Plenario.