Por Juan José Herrera |21 de agosto de 2019, 2:41 AM

La cercanía de los centros educativos con eventos de narcotráfico y violencia criminal incrementa el riesgo de exclusión estudiantil en los colegios del país.

Ese es uno de los principales hallazgos que presenta el sétimo Informe Estado de la Educación, revelado este miércoles por el Programa Estado de la Nación.

El informe realizó un estudio sobre la relación del narcotráfico con otras variables sociodemográficas respecto a la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

Así, los investigadores determinaron que de las 118.981 personas relacionadas con incautaciones de droga en 2017, un 15,3% tenía menos de 20 años.

Al analizar la distribución territorial de esas incautaciones el informe revela que poco más de la mitad ocurrió en 33 distritos caracterizados por ser urbanos y con elevada densidad poblacional.  La mayoría se ubican en las direcciones regionales de San José (norte, central y oeste), Alajuela, Limón, Cartago y Heredia.

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Si esos datos se contrastan con la información de matrículas del Ministerio de Educación Pública, se advierte que casi la cuarta parte de la población estudiantil total del país en 2018 (23,2%) asistía a centros educativos ubicados en distritos con alta incidencia de tráfico de drogas.

Ese porcentaje sube hasta el 26% si se excluyen los servicios de preescolar independiente, escuelas diurnas y centros de educación especial.

El informe detalla además que en un análisis de 5.876 de estas incautaciones se determinó que 19,4% de estas ocurrieron a menos de 100 metros de un centro educativo y 29,7% en un rango de entre 100 y 500 metros.

Del total de incautaciones en 13,9% estuvo involucrado un menor de edad.

“Conforme aumenta la presencia de tráfico de drogas y estos eventos se ubican más cerca de los colegios la exclusión tiende a ser mayor, contrariamente centros educativos que reciben un mayor beneficio o inversión en becas de transporte o alimentación se asocian con menores tasas”, cita el informe.

Homicidios

De igual manera, el estudio detalla la relación entre la exclusión y la cercanía de centros educativos con zonas con una alta tasa de homicidios.

Por ejemplo, el 55% de los asesinatos en 2016 se presentaron en 37 distritos con tasas de 40 casos por cada 100.000 habitantes, cifras similares al triángulo norte de Centroamérica o las zonas más violentas de algunas regiones de México.

En 2018 en esos distritos se localizaron 709 servicios educativos, los cuales atendían alrededor de 258.978 estudiantes. Las direcciones regionales educativas más afectadas por los homicidios son Limón, Guápiles, Liberia, Santa Cruz, Puntarenas, Aguirre, Alajuela, Heredia, San José Oeste, San José Central, Cartago y Desamparados.

Esa realidad, continúa el estudio, amenaza con la disminución sostenida que presentan los índices de exclusión estudiantil desde el año 2000.

Solo en los últimos dos periodos, por ejemplo, el número de colegiales que abandonaron las aulas pasó de 26.290 en 2017 (7,2%) a 12.613 en 2018 (3,5%).   

“La complejidad del problema demanda, para los próximos años, crear y modificar las estrategias actuales orientadas al combate de la exclusión y a promover la permanencia.

“En particular, estas deben garantizar la seguridad del estudiantado y reducir la presencia de actividades delictivas y grupos criminales en las proximidades de los centros escolares. Con ese propósito, se requiere la mayor articulación entre el MEP y otras instancias gubernamentales y locales, a fin de consolidar un manejo interdisciplinario e interinstitucional del fenómeno”, finaliza el informe.