Fiscala General confirma apertura de causa penal contra Doris Arias, magistrada de la Sala III
La causa se lleva en la Fiscalía General porque la funcionaria tiene fuero especial (inmunidad).
La Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, confirmó que tiene abierta una causa penal por posible tráfico de influencias en contra de la magistrada Doris Arias.
La causa se lleva en la Fiscalía General porque la funcionaria tiene fuero especial (inmunidad).
La investigación está relacionada con la suspensión del castigo ordenado en contra de Arias por Corte Plena, pero que quedó sin efecto por un juez del Tribunal Contencioso Administrativo, quien acogió la solicitud de la magistrada.
Precisamente por este caso la Fiscalía secuestró este día una serie de documentos de dicho tribunal y abrió una causa penal por prevaricato.
La suspensión de 4 magistrados
Diecinueve de 22 magistrados de la Corte Plena votaron esta semana a favor de la suspensión contra Carlos Chinchilla -quien este lunes pidió acogerse a la jubilación-, Doris Arias Madrigal, Jesús Ramírez y María Elena Gómez.
Y de ese total 15 dieron luz verde para que la suspensión fuera extensiva durante dos meses.
Los magistrados -quienes acogieron una petición de la Asociación Nacional de Investigadores Criminales- echaron marcha atrás a la votación que la semana pasada avaló únicamente con amonestar a los cuatro magistrados por su manejo del caso del cemento chino.
El miércoles pasado la Corte debatió la posibilidad de suspender a Chinchilla, Ramírez, Arias y Gómez, pero no se alcanzó la mayoría necesaria de 15 votos.
Se recibieron tres votos por una suspensión de tres días sin goce de salario, dos votos por suspender por un plazo de un mes y dos votos por imponer 15 días de suspensión sin goce de salario.
Para los 12 magistrados que votaron por la suspensión sus cuatro colegas cometieron una falta gravísima el año pasado cuando desestimaron una causa de presunto tráfico de influencias en el caso del cemento chino contra los entonces diputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata.
El delito de tráfico de influencias se castiga con hasta 5 años de cárcel, pero Guevara y Morales quedaron exonerados de alguna responsabilidad tras la decisión de ese grupo de magistrados.
Ocho meses después, en octubre del 2017, el sindicato de investigadores en criminalística denunció a estos jueces por el aparente delito de prevaricato, que es dictar resoluciones o sentencias contrarias a la ley.
Tras el avance en el Poder Judicial desde hace 6 meses le tocó por rifa al magistrado Román Solís realizar el estudio de la denuncia en contra de los magistrados denunciados.
Solís concluyó que los jueces cometieron una falta gravísima al desestimar esta causa y que debían ser suspendidos 2 meses sin goce salario.
De hecho, la investigación contra Guevara y Morales se abrió desde mayo.
La votación del miércoles pasado desató una oleada de indignación y malestar en diferentes sectores, especialmente a lo interno de la Corte Suprema de Justicia.
Numerosos empleados de dicho Poder de la República protestaron el viernes pasado contra la decisión de los magistrados de solo amonestar a cuatro de sus colegas.
Y este lunes en la mañana Chinchilla anunció su solicitud para jubilarse -a partir de este mismo lunes- del cargo como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, las dos magistradas aseguraron que la decisión que tomaron en aquel entonces no ocurrió por razones políticas ni de ninguna otra naturaleza.
Señalaron que el "cemento chino" no era un caso mediático al momento de la firma.
Además, textualmente enfatizan el rechazo categórico a cualquier acto o componenda de corrupción u otro delito que se les pueda atribuir.