Por Yahaira Piña |14 de julio de 2018, 12:42 PM

Más de 200 jueces y juezas de todo el país se pronunciaron en contra de la sanción que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pusieron a jueces de la Sala Tercera por un error en el caso del cemento chino.

Según los jueces, esas son prácticas opacas que deben ser modificadas y subrayan que las acciones disciplinarias debieron ser otras.

Sin embargo, ante una falta grave los magistrados de la Corte Suprema de justicia sólo les hicieron a los jueces de la Sala Tercera una amonestación por escrito.

En el manifiesto los jueces dicen que lo sucedido no representa la posición del Poder Judicial.

Los jueces afirman que esas son prácticas opacas que deben ser modificadas.

Según ellos las acciones disciplinarias debieron ser otras.

Ellos hablan que las acciones de la Corte Suprema de Justicia hacen que el país pierda el respeto por el Poder Judicial.

Para la mayoría de jueces los magistrados deberían renunciar.

El caso en cuestión empezó el 20 de febrero del 2017 cuando los magistrados y jueces de la Sala III Jesús Ramírez, Carlos Chinchilla (presidente de la Corte), Doris Arias y María Gómez desestimaron una acusación contra los entonces diputados Otto Guevara y Victor Morales Zapata por el aparente delito de tráfico de influencias en el caso del centro chino.

Ese delito se castiga con hasta 5 años de cárcel, pero Guevara y Morales quedaron exonerados de alguna responsabilidad tras la decisión de esos magistrados.

Ocho meses después en octubre del 2017 el sindicato de investigadores en criminalística denunció a estos jueces por el aparente delito de prevacarito que es dictar resoluciones o sentencias contrarias a la ley.

Hace 6 meses le tocó por rifa al magistrado Román Solís realizar el estudio de la denuncia en contra de los magistrados denunciados, y concluyó que “los jueces cometieron una falta gravísima al desestimar esta causa y que debían ser suspendidos 2 meses sin goce salario”.