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Una ley que garantice un régimen de reparación ante el daño que sufren las familias que sobreviven a un femicidio: ese es el objetivo de un proyecto presentado, este jueves, por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ante la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, titulada “Ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio”, busca darle una respuesta a un vacío que ha existido durante décadas: la responsabilidad que debe asumir el Estado por no haber visto y evitado a tiempo el fatal desenlace.   

De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia, 398 víctomas murieron por femicidio entre los años 2007 y 2021. El grupo de familias "Sobreviviendo al Femicidio" sostiene que, de esa cifra, han quedado 517 hijos sin su madre, entre estos 380 menores de edad al momento del crimen.

Marcela Guerrero, ministra de la Condición de la Mujer, indicó que, por medio del proyecto, se protegería a los hijos de las víctimas hasta que sean mayores de edad o hasta los 25 años si están estudiando. También a aquellos familiares hasta primer grado de consanguinidad o afinidad que dependieran del cuido y manutención de esa mujer y a las personas con discapacidad permanente, independientemente de su edad o grado de consanguinidad, que también fuesen dependientes de ellas.

La reparación se daría a través de atención médica, psiquiátrica y psicológica, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y asesoría legal gratuita para los procesos administrativos y judiciales asociados al femicidio. Además, se garantizaría el  acceso de forma prioritaria a un bono de vivienda, becas de estudio para las personas menores de edad y un subsidio mensual de medio salario base para poder garantizar seguir con ese proyecto de vida truncado por el victimario.

Guerrero indicó que este fondo se sostendría a través de un timbre al permiso de portación de armas y un impuesto selectivo de consumo a la importación de armas, explosivos y pólvora.

El proyecto de ley contempla la suspensión de la patria potestad al padre que asesinó a una madre de menores de edad, así como el ejercicio de guardia crianza y educación de los hijos sobrevivientes. Además, se establece la suspensión del proceso sucesorio en caso de que el imputado pretenda pelear los bienes de la víctima que él mismo mató.

“Aquí tiene que haber una justicia para las personas que están llevando este proceso, en donde no se va a poder reparar el vacío emocional. El Estado lo único que está haciendo es haciéndose responsable de los hechos y de las posibles consecuencias, que es lo que queremos evitar”, aseveró Guerrero.

Testimonios de los sobrevivientes

En la presentación del expediente, tres representantes de estas familias revelaron cómo la vida les cambió y, en especial, lo difícil que ha sido seguir adelante, tanto en el ámbito social y psicológico, como en el económico.

Karolay Serrano fue asesinada por su novio en febrero de 2020 en Barva de Heredia. Su madre, Ana Rosemary Cordero, en medio de lágrimas, relató lo complicados que han sido estos años para ella, sus hijos y su nieta, hija de la víctima.

“Se me hace muy difícil, tuve que salir de una empresa en donde trabajaba. Hoy en día hago tamales para sacar a mis hijos, a mi nieta, es muy duro de verdad, a veces no podemos pagar el agua o la luz”, contó. 

Por su parte, Elky Cedeño, madre de la víctima Brithany Cerdas, también aportó su testimonio.  En enero de 2019, Cerdas, de tan solo 17 años, fue asesinada y su cuerpo quemado, por parte del hombre con quien mantuvo una relación sentimental.

Su mamá dio a conocer el daño psicológico de su hijo menor, hermano de Brithany, quien tenía apenas cuatro años al momento del asesinato: un niño que hoy, afirma, "dice necesitar matar al asesino de su hermana".  Ella clama atención psicológica para él, la misma que, asegura, les ha sido negada.

“Mi hijo fue discriminado en donde vivíamos, me le negaron la matrícula. Mi esposo fue despedido del trabajo, por lo cual quedamos a la deriva, nos negaron por todo lado las ayudas”, agregó.

Finalmente, habló Óscar Morera, el padre de Eva Morera, asesinada en noviembre de 2019 también por el hombre con quien había mantenido una relación de noviazgo.  

El padre de la víctima afirmó que las familias que sobreviven a femicidios son abandonadas y revictimizadas durante los juicios de familia, ya que después de los juicios penales deben comenzar a pelear la custodia de los menores hijos de la víctima.

“El asesino de mi hija Eva redactó al PANI una carta desde la cárcel, en donde dijo que no iba a renunciar a los derechos como padre de Julián, porque él quería salir de la cárcel y sentarse con su hijo y explicarle lo que había pasado, como si un hecho así necesitara una explicación”, expresó el padre.

El sobreviviente instó a los diputados para que hagan del proyecto una realidad.

“Para que los menores de edad puedan crecer con las oportunidades que se merecen, como hombres y mujeres de bien y ojalá, por qué no, felices", finalizó Morera.