600 policías recibieron sueldos de 3 mil colones o no lo recibieron del todo

Entre 500 y 600 oficiales de Fuerza Pública han reportado haber recibido en la primer quincena de junio, montos entre los 3 mil y los 40 mil colones. Otros no recibieron salario del todo.

De acuerdo con Mainor Anchía, jefe de la seccional ANEP-Fuerza Pública, muchos oficiales han adquirido deudas con entidades financieras, que no se han podido saldar al ritmo esperado. 

Esta situación se da en el contexto con la modificación a la actual Ley 7472 “Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor” conocida como "Ley de Usura",  que permite que se sigan haciendo deducciones de salario de cualquier entidad financiera a pesar de que el monto final que reciban sea inferior al salario mínimo

A esta Ley, Anchía recordó que el sindicato interpuso una acción de inconstitucionalidad amparándose en que el salario mínimo no se debería tocar, criterio con el que asegura, la Procuraduría General de la República coincidía pero que la Sala IV declaró sin lugar.

Sumado a esto, los policías denuncian condiciones laborales desfavorables: falta de uniformes, debilidades en infraestructura, mala administración del mantenimiento de las patrullas, entre otras carencias.

De acuerdo con Anchía, en múltiples ocasiones han manifestado a las autoridades del Ministerio de Seguridad, que a la policía de un país no se le puede rebajar su salario, ni tener en condiciones precarias, no solo por justicia laboral sino porque los oficiales se convierten en funcionarios vulnerables a la corrupción.

"Hoy amanecimos con allanamientos relacionados con corrupción, sabemos que estamos inundados del narcotráfico, entonces imagínese como estarán estos grupos a la expectativa de que haya policías que no tienen que comer, que no tienen como llevar alimentos a sus casas. Esto viene a doblegar la voluntad de las personas, es un caldo de cultivo.  Esta situación se la hemos planteado al viceministro de seguridad, Randall Vega, de que es un riesgo para todos en el país.”

Según Anchía, en las últimas horas, ha recibido cientos de mensajes de policías que no tienen como pagar el alquiler de su vivienda o como comprar el alimento de sus hijos.

 “Se sospecha que esto es lo que se está buscando, pareciera que tiene un objetivo y es favorecer la actividad delictiva.” agregó

Nueva modificación a la Ley y educación financiera para los policías

Desde el sindicato consideran, que es importante hacer una modificación a esta llamada "Ley de Usura", para que el salario mínimo no responda por esta clase de deudas y que al mismo tiempo se impida a las funcionarios endeudarse por montos mayores a su salario mínimo.

También han pedido al Ejecutivo que se faciliten capacitaciones financieras, para que los oficiales aprendan a administrar sus recursos económicos de una mejor manera. Sin embargo la respuesta que han obtenido es que esto se trata de un tema de responsabilidad individual.

Solicitud de reunión urgente con el Ejecutivo

Debido a esta situación, los dirigentes de ANEP están solicitando al Ministerio de Seguridad Pública, una reunión urgente que incluya además al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de la Presidencia para encontrar una solución a esta crisis.

En el marco de esta solicitud, han convocado para este martes 15 de junio, una manfiestación al frente del Ministerio de Hacienda, para hacer un llamado de atención al Gobierno.

Anchía aceptó, que si bien desde ANEP no están promoviendo el abandono de funciones, existe un grupo de oficiales cansados, que se están organizando para no atender más que las emergencias que se registren a través de la línea 9-1-1-.

Reacción del viceministerio de Seguridad

De acuerdo con Randall Vega , viceministro de Seguridad estas deducciones se deben a que, de acuerdo con la “Ley de Usura” se había facultado a la Tesorería Nacional a aplicar deducciones de los salarios de los funcionarios públicos que habían generado deudas con algún acreedor.

Vega indicó que el pasado viernes 11 de junio, el Ministerio de Hacienda anunció que se aplicaría las deducciones al salario, relacionadas con las deudas que mantienen los funcionarios.

En esa línea, afirmó que el Ministerio de Seguridad informó sobre esta aplicación de los rebajos, vía correo electrónico, a los oficiales y personal administrativo.

También indicó que existe un formulario de consultas al Departamento de Planillas, en el caso de que el rebajo en el salario tenga otro origen.

Ley con falencias

De acuerdo con el analista financiero, Daniel Suchar, esta modificación a la Ley, tiene importantes falencias, ya que si bien se establecía originalmente que el monto que se embargue no podía resultar en que el adeudado quede con menos de 200 mil colones en su poder, esto al final, con la modificación, no se cumple.  

Suchar explicó que con la modificación, la consulta a la Central de Información Crediticia (CIC) solo es obligatoria para el sector bancario, más no para todas las entidades que ofrecen servicios financieros, que no son supervisadas por la SUGEF como algunas cooperativas y asociaciones solidaristas.

Esto quiere decir que, los bancos deben ingresar para conocer el record crediticio de un solicitante y así saber si tiene la capacidad para responder al crédito o conocer si su salario ya está comprometido. Pero una entidad prestamista autorizada, una asociación solidarista, una cooperativa o incluso una tienda de venta de electrodomésticos, no necesariamente tomará esta información en cuenta.  

Esto conlleva a que existan múltiples préstamos que al final, terminan cobrándose, resulte así en dejar a la personas con condiciones inferiores o superiores al salario mínimo.

Para Suchar, esta legislación debería tomar en cuenta no solo el sector estrictamente financiero sino también el aspecto judicial para monitorear la totalidad del sistema de préstamos.

Cabe destacar, que según datos del Ministerio de Hacienda del 2019, el 89% de los empleados públicos que reciben menos del salario mínimo inembargable, trabajan para el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación Pública.  En este sentido, estos empleados tienen comprometido más del 60% de su sueldo en el pago de préstamos.