Tica en EE. UU. narra cómo se enteró de que alcalde electo de Parrita, al parecer, hipotecó su terreno
El funcionario cumple medidas cautelares tras ser detenido la semana anterior.
Una tica que reside en Estados Unidos narró a Telenoticias cómo se enteró de que el alcalde electo de Parrita, supuestamente, hipotecó un terreno de su propiedad para hacer un préstamo de ₡7.5 millones.
La Fiscalía confirmó que se investigan seis denuncias contra Roberto Rímola Real, quien fue detenido la semana pasada y quedó en libertad con medidas cautelares.
Según las investigaciones, él habría vendido lotes en unos ₡20 millones, los cuales están en la zona marítimo-terrestre de playa Bandera, en Parrita.
Además, al parecer, hipotecó propiedades para obtener créditos, sin que los dueños de los terrenos estuvieran en el país.
Uno de esos casos es el de Gabriela Barrantes, quien vive fuera del país. Ella tiene un terreno de 5.000 metros en playa Herradura y se enteró, por medio de su abogado en Costa Rica, que lo hipotecaron para obtener un préstamo.
“Yo estaba haciendo las vueltas para llevar a unos inversionistas allá a la propiedad, entonces quise hablar con mi abogado y asegurarme de que todo estuviera como tiene que ser, en orden. Fue cuando él notó una actividad que, obviamente, yo viviendo acá en California no iba a estar ahí para hacerla.
“Él me preguntó si yo había viajado al país en las fechas en que se hizo la hipoteca a la propiedad, yo le dije que no, fue cuando él me dijo que había algo raro y empezó a investigar”, relató la afectada.
Barrantes dice que se enteró de que el principal sospechoso es el alcalde electo de Parrita, por medio de las noticias.
“Estuvimos viendo cuál fue el nombre que usaron, si fue el mío o el de mi prometido; pero, de hecho, fue el mío, con mi número de cédula, firmaron y todo. Cuando vi el reportaje de fraudes sobre personas fuera del país, cómo se enteran ellos, cómo saben, es lo que uno se pregunta, por eso estamos en ese proceso”, agregó la tica.
Rímola, su madre de 67 años y otro sujeto cumplen medidas como firmar cada 15 días, impedimento de salida del país y no perturbar a víctimas o testigos.
