Por Álvaro Sánchez |17 de junio de 2024, 20:59 PM

El Juzgado Penal de Puntarenas le impuso arresto domiciliario con monitoreo electrónico a un técnico judicial sospechoso de tráfico de drogas y de supuestamente filtrar información sobre investigaciones, sin embargo, el sujeto podrá seguir laborando en el Tribunal Penal de esa misma localidad.

La captura del funcionario judicial ocurrió el sábado sobre la Ruta 1, en Puntarenas (ver video adjunto de Telenoticias).

El sospechoso de narcotráfico labora en el Tribunal Penal de Puntarenas, por donde pasan muchos casos de tráfico de drogas que afectan a la provincia.

A pesar de esto, el Juzgado Penal de Puntarenas le permite ir a laborar al Tribunal Penal, es decir, desde este lunes atiende usuarios con una tobillera electrónica.

“Poder sacar a esta persona de circulación, dado que, precisamente trabaja en un Tribunal Penal, donde, por la zona, que es Puntarenas, una zona que está enfrentando grandes problemas de narcotráfico, que tiene gran cantidad de homicidios, es la segunda provincia en cantidad de homicidios, nos interesaba mucho poder neutralizar las acciones delictivas que estaba cometiendo.

"Se le decomisó 500 gramos de cocaína, un millón y medio de colones en dinero en efectivo, trató de burlar un retén policial, chocó un carro del OIJ, trató de esconder evidencia, y aun así, ante la solicitud de 6 meses de prisión preventiva, el Juzgado Penal determinó que no procedía la prisión preventiva y le dio una medida sustitutiva de monitoreo. El tema que nos parece delicado, que lo deja trabajando en el Tribunal Penal”, dijo Mauricio Boraschi, fiscal adjunto.

Junto al funcionario fue capturado otro sujeto. Ambos habrían ofrecido hasta siete kilos de cocaína a un agente encubierto. Al final vendieron cerca de medio kilo de cocaína durante una transacción vigilada.

Los agentes judiciales de Puntarenas le hicieron dos compras en total.

“Además, la Fiscalía solicitó la suspensión inmediata de esta persona en el cargo, porque nos parece inconcebible que una persona esté después de cometer un delito como este, sentado ahí en un Tribunal Penal, brindando atención al público y tratando con expedientes que son sumamente delicados, es un caso que nos preocupa, es doloroso ver que un funcionario judicial se vea involucrado en temas como este”, agregó Borashi.

La investigación estuvo a cargo del OIJ de Puntarenas, la Fiscalía contra el narcotráfico y delitos conexos y la Fiscalía contra el crimen organizado.

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