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Una mujer vinculada con el grupo sospechoso de colocar artefactos explosivos en Canal 7 y en la Asamblea Legislativa quedó en libertad con medidas cautelares.

Otros seis hombres continúan en prisión preventiva.

El 27 de julio se cumplirá un año de la explosión de un artefacto explosivo en Televisora de Costa Rica, Canal 7.

Los hechos ocurrieron a las 11:30 de la noche de un sábado, cuando, afortunadamente, no había personas cerca.

Sin embargo, los sospechosos quedaron grabados en las cámaras de vigilancia del edificio de Canal 7 y comercios aledaños.

Casi un mes antes, el 26 de junio el mismo grupo colocó otro artefacto explosivo en la Asamblea Legislativa.

Tras una investigación del OIJ y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional que incluyó seguimientos como este que pretendía el traslado de un artefacto explosivo desde la zona sur hasta el centro de San José para detonarlo durante las fiestas patronales, el 14 o 15 de septiembre del año anterior.

Los sospechosos identificados como:

Manfred Sandoval Alvarado, alias Macua.

Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro.

Toby Borbón Navarro.

Luis Diego Navarro Navarro.

Jerry Calderón Navarro.

Álvaro Ureña Wong siguen. Ellos siguen en prisión preventiva.

Sin embargo, una mujer identificada como Aida Patricia Fernández Castro está libre con medidas cautelares.

Tras una consulta de Telenoticias, la Fiscalía indicó lo siguiente:

"La Fiscalía adjunta contra el narcotráfico y delitos conexos informó que este caso avanza en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba. A solicitud de este despacho, todos los hombres permanecen en prisión preventiva, mientras que Fernández cumple otras medidas cautelares.

En cuanto a la mujer, el Ministerio Público también había solicitado que se ordenara la prisión preventiva, no obstante, el requerimiento no fue acogido, por lo que apeló esta decisión. Sin embargo, el Tribunal Penal no rechazó la solicitud, por lo que no es posible presentar un nuevo recurso de apelación ante esa instancia".

La Fiscalía investiga a Gutiérrez, Ureña, Sandoval, Borbón y Navarro como sospechosos de cometer el presunto delito de incendio o explosión.

Por su parte a Calderón se le atribuye el delito de fabricación o tenencia de materiales explosivos, mientras que a Fernández quien está en libertad se le vincula con el presunto delito de apoyo y servicios para el terrorismo.

Estos son miembros de un grupo que se hace llamar resistencia costarricense.