Puertas giratorias: por qué el caso de Celso Gamboa reabre debate sobre independencia judicial
Dejar un cargo en la administración de justicia para pasar a otro político en el Ejecutivo, y viceversa, es una posibilidad que no tiene ninguna regulación en el país.
El caso de Celso Gamboa Sánchez sacudió como ningún otro al Poder Judicial: puso en jaque su credibilidad y cuestionó los mecanismos para evaluar la probidad de sus funcionarios.
Aunque Costa Rica ha fortalecido mecanismos técnicos dentro del Poder Judicial para evaluar la ética de sus trabajadores, expertos advierten que hay un problema persistente en los niveles más altos del poder.
Se trata de la existencia de las llamadas puertas giratorias, un fenómeno que especialistas señalan como una de las fisuras más sensibles en los sistemas diseñados para proteger la independencia judicial y prevenir la corrupción.
El concepto de puertas giratorias describe el tránsito constante de personas entre cargos públicos, posiciones políticas y sectores privados o grupos de poder. Ese movimiento —que puede incluir pasos por el Poder Ejecutivo, Legislativo, empresas o incluso actores económicos influyentes— genera vínculos que, posteriormente, pueden comprometer la imparcialidad en la toma de decisiones públicas.
Para el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Chan, la función esencial de cualquier juez es actuar como un límite frente al poder político, económico o incluso criminal. Sin embargo, esa tarea se debilita cuando quienes ejercen la función jurisdiccional mantienen o han construido relaciones cercanas con esos mismos sectores.
Según explicó el especialista, el problema no se reduce únicamente al paso entre instituciones del Estado. Las puertas giratorias también operan cuando una persona alterna entre cargos públicos y grupos de poder formales o informales, donde se generan relaciones laborales, afectivas o de confianza que pueden afectar la independencia judicial.
"Si el papel del juez, de la jueza, es contener a los poderes fácticos para que no irrumpan dentro de las esferas de libertad de las personas de manera arbitraria, cualquier vinculación con quienes detentan esos poderes es absolutamente desaconsejable", apunta Chan.
El fenómeno adquiere especial relevancia en las magistraturas, ya que quienes integran las salas de la Corte Suprema representan la última instancia de decisión dentro del sistema judicial. Sus resoluciones fijan límites al poder estatal y determinan la protección final de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En el caso de los máximos jerarcas de la Corte Suprema, han existido nombramientos provenientes de cargos del Ejecutivo, lo cual, afirma el también investigador universitario, abre la puerta a nombramientos basados en criterios políticos o relaciones personales más que en la idoneidad técnica.
Desde la sociedad civil, Jimmy Bolaños, representante de Costa Rica Íntegra, coincide en que el país enfrenta un vacío regulatorio importante. Asegura que prácticamente no cuenta con normas específicas que regulen las puertas giratorias ni los conflictos de interés derivados de ellas.
Bolaños señala que la legislación actual apenas contempla restricciones limitadas —como periodos de espera en ciertos cargos administrativos—, pero no aborda de forma integral el tránsito entre poderes del Estado o entre la función pública y el sector privado. Esta ausencia normativa, advierte, facilita escenarios donde los funcionarios podrían utilizar sus cargos pensando en oportunidades futuras.
“El riesgo es que alguien ejerza un puesto público considerando dónde trabajará después”, explica el especialista, lo que convierte al fenómeno en una vía potencial para conflictos de interés y decisiones condicionadas por beneficios posteriores.
A esto se suma, según Bolaños, la falta de filtros más estrictos en los procesos de nombramiento.
"Yo observo con preocupación que quizás no hemos aprendido las lecciones que tenemos que aprender de los casos que hemos tenido en Costa Rica, de designaciones que se han hecho muy mal, gente que después estuvo involucrada en delitos", lamenta el analista.
Ambos especialistas coinciden en que la transparencia y los controles previos son claves para cerrar estas grietas. Entre las propuestas destacan evaluaciones técnicas independientes, votos públicos y motivados en nombramientos, así como reglas claras que limiten la influencia política o económica sobre cargos judiciales estratégicos.
El trasfondo del debate va más allá de procedimientos administrativos. Para Chan, lo que está en juego es el modelo de Estado y la capacidad del Poder Judicial para sostener su papel histórico como garante de derechos fundamentales frente a cualquier forma de poder.
