Por Álvaro Sánchez |13 de noviembre de 2023, 23:02 PM

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) considera importante la revisión del celular y la computadora de la directora jurídica del Banco Nacional para verificar si recibió órdenes de no denunciar ante la Fiscalía la sustracción de 3200 millones de la bóveda del banco.

La orden de allanamiento del caso “Gallo tapado” recoge los testimonios de varios funcionarios en torno a la supuesta reacción que tuvieron las autoridades del banco tras conocer sobre la millonaria sustracción de la bóveda.

El documento señala que es importante conocer la información del celular de la funcionaria para determinar si alguien ordenó evitar interponer la denuncia por la sustracción del dinero.

Dice el documento:

"En el caso de la directora jurídica del Banco Nacional de apellidos Herrera Cantillano, según se nos informó por parte de los testigos, ella fue quien ordenó que no se presentara la denuncia a pesar de tener ya el banco establecida una pérdida, por eso se requiere revisar la información de su teléfono celular y computadora como parte de la investigación de ese hecho particular y verificar si ella recibió órdenes de terceras personas al momento de recomendar que no se denunciaran hechos tan graves de forma inmediata".

Precisamente, el sábado, tras la resolución del Juzgado Penal de Hacienda sobre las medidas cautelares de siete de los imputados, el fiscal del caso aseguró que valoran investigar a altas autoridades del Banco Nacional.

“Siempre hemos explicado que estamos en una primera fase de esta causa y es básicamente con el tema de la sustracción material de los bienes, pero falta analizar otras series de conductas respecto a posible responsabilidad de diferentes departamentos del banco que hayan omitido”, dijo Ronald Segura, Fiscalía anticorrupción.

La orden de allanamiento además señala lo dicho por dos testigos en torno a la denuncia que no fue formulada en la fiscalía de inmediato.

Dice el documento:

"En donde expone claramente que es por indicación de la señora Herrera Cantillo que no se interpuso de la denuncia de manera inmediata el 3 de octubre del 2023, no siendo sino hasta el 24 de octubre de este año, producto de la filtración de la información al conocimiento popular y no porque fuera su intención denunciar, es decir, 21 días después del evento, día cero".

La funcionaria es investigada por incumplimiento de deberes y no tiene medidas cautelares debido a que se trata de una participación menor en los hechos, según la Fiscalía.

Tras la audiencia de medidas cautelares, el sospechoso de sustraer el dinero de apellidos Olivas Valle es el único que cumplirá seis meses de prisión preventiva.

Otros seis imputados quedaron libres con impedimento de salida del país y no perturbar a testigos.

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