Por “falta de pruebas”, Fiscalía desestimó denuncia del MEP sobre madre de bebé sustraída
El MEP fue la primera institución en dar la voz de alerta sobre el caso.
Desde hace un año el Ministerio de Educación Pública (MEP) ya había alertado al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a la Fiscalía sobre el embarazo de la menor de edad madre de la bebé sustraída, sin embargo, desestimaron la denuncia por falta de pruebas.
El MEP fue la primera institución en dar la voz de alerta sobre el caso particular de la niña de 13, madre de la beba sustraída.
Según el MEP, el 21 de abril de 2022 el Departamento de Orientación del Colegio Académico Manuel Rodríguez llamó a la madre de la menor de edad porque tenían sospechas del embarazo.
Después de esa conversación, y tras confirmarse que la adolescente estaba embarazada, el 27 de abril el colegio acudió al PANI y al Ministerio Público para interponer la denuncia respectiva.
Esta fue la primera institución en activar el protocolo, pero no fue la única.
La directora del Hospital Max Peralta de Cartago informó que en cuanto la adolescente madre tuvo contacto con el centro de salud se activaron todos los protocolos para garantizarles a ambas la protección requerida.
El centro médico gestionó la intervención inmediata del PANI.
Incluso, según consta en las documentaciones respectivas, el egreso de la paciente y su bebé fue autorizado por autoridades del PANI al tiempo que se emitieron de parte del centro médico las recomendaciones para que el abordaje posterior que se brindara a la madre y a su hija se diera de manera interinstitucional y prioritaria, de forma que se garantizara la protección de la menor y su bebé.
Telenoticias consultó al Ministerio Público sobre la o las denuncias que existían sobre este caso. Mediante la oficina de prensa respondieron con el siguiente mensaje:
De acuerdo con su consulta, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de Cartago informó que investigó la causa 22-000173-0702-PE, por el presunto delito de violación, contra persona ignorada, denuncia que fue presentada por un centro educativo.
Esta causa se investigó y, tras recopilar elementos probatorios, fue imposible proceder con una acusación, por lo que el expediente se remitió en octubre anterior al Juzgado Penal Juvenil de la localidad, con solicitud de desestimación por falta de prueba.
La Defensoría de los Habitantes está pidiendo cuentas al PANI sobre las medidas de protección brindadas a las niñas.
También solicitan el plan de intervención anterior a los hechos, seguimiento a las medidas y al hogar donde se desenvuelve la persona adolescente; nivel de cumplimiento de este plan por parte de los miembros de la familia, y acciones desplegadas para investigar la violación y embarazo adolescente de la joven.
Por ahora, el PANI sigue sin responder todas las grandes dudas que han surgido alrededor de un caso tan desgarrador que mantiene en vilo al país.
