Patrulla accidentada: ¿Qué responsabilidad tiene el Estado?

La muerte de un oficial de la Fuerza Pública, en apariencia, por viajar en una patrulla en mal estado, ha generado inquietudes, sobre todo, porque, como dicen los expertos consultados, fue un hecho que pudo haberse evitado.

Durante la mañana de este martes, el subdirector general de la Fuerza Pública, Reinaldo González, informó que: “Ningún oficial está obligado a conducir vehículos en mal estado y, sobre eso, se ha girado numerables directrices, porque, en nuestro trabajo privilegiamos la vida de nuestros oficiales”.

​A sabiendas de que existió un reporte con fecha 16 de abril que hacía constar el mal estado del vehículo, consultamos a dos abogados expertos en Derecho Administrativo, para que nos externaran sus criterios del caso que se encuentra en investigación.

Rolando Segura, abogado con 30 años de experiencia, indicó a este medio que no es de recibo argumentar la existencia de protocolos o directrices.

“La realidad es que tenés una patrulla, que de pronto te están llamando y tenés que atender una emergencia y, ¿cómo vas a hacer? Entonces, de una u otra manera, esos son los instrumentos que le está dando el mismo Estado para poder prestar el servicio. Me parece que no es excusa de que existan directrices, tampoco.  

¿Por qué del todo no retiraron el vehículo? ¿Por qué el vehículo se encuentra ahí? Si no está en condiciones aptas, entonces retirémoslo de la circulación.", analizó Segura.

Por otra parte, Juan Carlos Castro, abogado con más de veinte años de experiencia en procesos contenciosos administrativos, indicó que, ni siquiera, alegar la falta de recursos económicos serviría como alegato. 

"Ya hay suficientes antecedentes en el sentido de que el Estado no tiene como argumento que no tenga recursos, o sea, el Estado tiene que velar y tiene que garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, si no lo tiene, tiene que ver cómo hace para hacerlo", comentó Castro. 

Ambos profesionales coincidieron en que, con la información existente hasta el momento, no cabe duda de que el Estado debe hacerse responsable del trágico hecho que acabó con la vida de Michael López Cruz, de 31 años. 

¿Hasta dónde podrían llegar las consecuencias?

Tanto Juan Carlos Castro, como, Rolando Segura,  dijeron que la responsabilidad podría recaer en daños y perjuicios. 

Segura explicó que en esos casos, se indemnizan las familias bajo un cálculo que promedia cuánto dinero habría recibido el afectado durante toda su vida, ya que "su familia no tiene por qué padecer las consecuencias de una conducta ineficiente y negligente por parte del Estado mismo", agregó. 

Por su parte, Castro planteó la posibilidad de se eleve a un estrado de carácter penal. 

"Si los recursos económicos estaban para ver el mantenimiento de esa unidad y no se le dio el mantenimiento, producto de negligencia de un funcionario, puede también hacerlo incurrir en responsabilidad penal.", externó Castro.  

Rolando Segura indicó que paralelo al proceso civil, se puede acudir a la vía administrativa para tratar de individualizar a los responsables y, si hay una falta grave, podrían ser destituidos del cargo público que está ocupando, por un incumplimiento de funciones que le corresponden.