Por Stefanía Colombari |12 de mayo de 2024, 14:19 PM

Durante este domingo, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) han estado intentando, sin éxito, tener contacto con una menor de edad, cuya custodia legal fue entregada a su padre biológico, a pesar de que este tenía antecedentes de violencia doméstica.

La niña de 10 años perdió a su madre, en agosto anterior, tras un diagnóstico de leucemia; desde entonces, había estado bajo la tutela de su tío materno, quien ha luchado por obtener la custodia permanente.

El pasado viernes 10 de mayo, el Juzgado de Niñez y Adolescencia, por orden del Tribunal de Familia, entregó a la menor a su padre, a pesar de que el PANI había determinado, a través de la intervención social y legal que realizó, que la niña corría riesgo a su lado, por lo que realizó un proceso de suspensión parental, pero este no prosperó.

De acuerdo con el tío de la menor, Anthony Moya, desde ayer distintas personas escucharon a la menor llorando y gritando, por lo que se hicieron llamadas al 9-1-1.

Debido a lo anterior, decidió interponer una denuncia ante el OIJ, lo que motivó la visita de los agentes judiciales y personal del PANI a la casa de habitación en donde la niña vive ahora con su padre, en Desamparados.

El OIJ confirmó que no ha sido posible que los agentes hablen ni con la niña ni con su padre. Ellos se mantienen en la zona a la espera de una comunicación.

Por su parte, el PANI indicó que el padre no le ha permitido al Departamento de Atención Inmediata intervenir.

“El Departamento de Atención Inmediata está atendiendo la situación. Esto en coordinación con el OIJ y Fiscalía. El señor no nos ha permitido intervenir y llevar a valorar médicamente a la niña”, respondió la institución.

“Mi sobrina ha estado pidiendo ayuda, que la ayuden a salir de ahí, que ayer se tuvo que meter debajo de la cama, que le quisieron arrancar la puerta, está pidiendo ayuda,” comentó Moya.

El tío de la menor indicó que si algo le sucede a su sobrina, ellos no descartan acciones legales contra el Estado.

“Si a mi sobrina le pasa algo, tiene que haber responsables porque había un estudio psicosocial donde se demostró que esta persona era un riesgo para mi sobrina y aun así hicieron la entrega”, concluyó Moya.

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