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La Fiscalía Anticorrupción confirmó, este lunes, las detenciones de cinco alcaldes que han sido vinculados con la llamada "Operación Diamante".

Glen Calvo Céspedes, fiscal adjunto de la Fiscalía Anticorrupción, dijo que los detenidos son los jerarcas Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Alberto Cole de León (Osa), Alfredo Córdoba Soro (San Carlos), Humberto Soto Herrera (Alajuela) y Arnoldo Barahona (Escazú).

"Los alcaldes se encuentran detenidos a la espera de ser trasladados al II Circuito Judicial de San José", aseguró Calvo durante una rueda de prensa junto al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza.

Estas aprehensiones se realizaron en las casas de los funcionarios ahora investigados. Las autoridades también buscan pruebas en los despachos de los mismos. En el caso de Araya Monge, su abogado, Alfonso Ruiz, brindó algunas declaraciones a su llegada a la vivienda.

"Lo que saben ustedes, saben más que yo, probablemente. Don Johnny está en condición de detenido, ya lo informó el OIJ, eso es lo único que sabemos. La única información que se ha brindado, la fiscal está esperando para explicar los motivos por los cuales está procediendo la diligencia y en este momento no tengo, objetivamente les digo, ninguna otra información", expresó el defensor.

Declaración de Alfonso Ruiz:


El caso

Las aprehensiones se realizaron durante un megaoperativo en el que participan 600 agentes de la Policía Judicial y 32 fiscales. En total, hay 11 personas detenidas, entre las que figuran también empleados de la empresa MECO (Gutiérrez Vargas, de la planta de asfalto) y personas externas: un empresario de apellido Cruz, funcionario de Alajuela de apellido Chacón, funcionario de Escazú de apellido Boraschi y uno de Golfito, apellidado Suárez.

"Lo que pretende (la operación) es desentrañar y esclarecer hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, a gobiernos locales y a funcionarios públicos, vinculados con acciones de obra pública, que de alguna manera se vincularon con MECO y personal de esa empresa para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, en el pago adelantado de facturas, en el inicio anticipado de obras públicas, en la realización de una serie de actividades que, según ha establecido y determinado el ministerio fiscal son, eventualmente, constitutivas de delito.


"La hipótesis de trabajo que tiene el Ministerio Público y que está investigando el OIJ tiene que ver, entonces, con actos de corrupción relacionados con licitaciones, construcciones, pago de obra pública, facilitación y oportunidades irregulares a esta empresa y de personas relacionadas a ella, que les generaron una situación de ventaja y que produjeron dádivas y sobornos para funcionarios públicos", explicó Espinoza, quien aclaró, además, que esta investigación, iniciada en abril de 2019, es totalmente independiente del caso "Cochinilla".

La Operación Diamante incluye 40 allanamientos en 84 estructuras distintas, entre estas ocho municipalidades, casas de habitación y oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).