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Los investigados por el caso conocido como "Operación Azteca", el cual involucra a 14 funcionarios públicos y a 12 supuestos empresarios, movió aproximadamente 1.370 millones de colones entre licitaciones y bienes e inmuebles.

La supuesta estructura criminal, que en un principio se dedicaba al tráfico de drogas, corrompió a funcionarios públicos para lavar dinero. Mezclaban capital ilícito con dinero del Estado.

Según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, la organización compraba empresas "fachada" con alta disponibilidad de dinero en efectivo que no tenía origen lícito conocido. Inicialmente, estas costosas compras en efectivo hicieron saltar las alertas de la policía.

“Habían constituido empresas para participar en obra pública y contactaron a funcionarios para que les dieran facilidades en la adjudicación de las licitaciones, de esta manera, el dinero en efectivo sucio, ilegitimo y de origen oscuro se mezcla con dinero bancarizado del Estado y eso le permite dar una apariencia de legalidad e insertarlo en el sistema financiero”, dijo Espinoza.

Declaración Walter Espinoza: 


El objetivo principal era obtener altas cantidades de dinero en efectivo para colocarlo en el sistema financiero y bancarizarlo para darle visos absolutos de legalidad. Como los fondos que recibían eran del propio Estado, su origen estaba justificado.

“Los funcionarios públicos avisaban a los empresarios cuándo eran las licitaciones, les indicaban los momentos, manera y montos que debían licitar. Les ayudaban a confeccionar las ofertas, adicionalmente les brindaban criterios jurídicos que los favorecían y al mismo tiempo les indicaban cuáles eran los proyectos y presupuestos asignados. En un periodo de 8 meses, obtuvieron 17 licitaciones cercana a 700 millones de colones”, comentó Walter Espinoza.

Trece de los funcionarios públicos son trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) quienes fungían como abogados, administradores e ingenieros con posibilidades de determinar cómo se hacían las licitaciones.

Estos funcionarios obtenían dinero, así como bienes, muebles e inmuebles. Crearon facturas falsas, justificaban gastos inexistentes y simulaban situaciones de emergencia para generar fondos que luego trasladaban a sociedades anónimas mediante licitaciones.  

También se aprehendió a un empleado de un banco estatal que, al parecer, les brindaba asesoría de cómo bancarizar los fondos, hacer cambio de dólares sin despertar sospechas y cómo superar los obstáculos de antilavado que tienen las instituciones financieras.

Este grupo adquirió mediante el uso de testaferros y, en un espacio de tiempo reducido, 22 bienes e inmuebles, así como 30 vehículos de uso personal y de construcción valorados en 600 millones de colones y 110 mil dólares.

“La supuesta organización criminal traficaba drogas, corrompía a funcionarios y mezclaban dinero sucio con dinero del Estado que le daba una fachada de legalidad. Este caso inició con dos decomisos de droga (junio de 2019, agosto de 2020) y la estructura era dirigida por un grupo el cual estaba integrado por colombianos, mexicanos y costarricenses”, agregó Walter Espinoza.

Además, crearon dos sociedades anónimas y una de ellas era para realizar obra pública.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó, este martes, 37 allanamientos para desarticular al grupo narco con aparentes "tentáculos" en el AyA.

Este movimiento policial tuvo lugar en sectores de Puntarenas, Esparza, Orotina, San Mateo, Cartago, Alajuela, San José, San Isidro de El General y Pérez Zeledón.

El principal cabecilla de la supuesta organización es un colombiano de apellido Camelo de 79 años, quien fue capturado en una propiedad en Jesús María, Esparza.

Durante la diligencia policial se ha decomisado maquinaria perteneciente a las supuestas empresas constructoras, documentación, archivos de las bases de datos de la institución pública, dinero en efectivo en dólares y colones y otros que son importantes para la investigación.

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