OIJ usará perros especializados para descartar restos humanos en propiedad de ONG
Las autoridades realizan un allanamiento en las sedes de una organización sin fines de lucro en Desamparados de Alajuela y La Unión, donde en apariencia se cometían torturas en contra de menores de edad y adultos mayores.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) usará perros especializados para descartar la presencia de un cuerpo en propiedad de una organización sin fines de lucro investigada por supuestas torturas.
La mañana de este martes, la Policía Judicial desarrolla un allanamiento en las sedes de la fundación Hogar Manos Abiertas en Desamparados de Alajuela y La Unión, donde en apariencia se cometían maltratos en contra de pacientes, al tiempo que se daba una posible trata de personas con fines de explotación laboral, de acuerdo con el director general del Organismo de Investigación, Rándall Zúñiga.
"Aquí hay que entender que son niños en etapa terminal, muchos van a morir, tenemos una investigación del fallecimiento de una niña, en especial, que en el informe así lo declaramos, para descartar cualquier situación vamos a traer perros de la Policía Canina especializados en restos humanos, para determinar si hay alguien aquí enterrado", comentó el jefe policial.
Zúñiga enfatizó que esto no forma parte de la línea de investigación inicial, pero que lo harán para descartar cualquier presencia de restos humanos.
"No es parte de la investigación inicialmente, es simplemente un tema de descarte por informaciones confidenciales que han llegado, pero no forma parte directamente de la línea de investigación primaria encontrar cuerpos o fallecidos en este lugar", añadió el vocero.
El director del Organismo de Investigación indicó que estos allanamientos obedecen a supuestas torturas cometidas en estos centros.
"A niños les metían las manos en agua fría, algunos niños con autismo los ponían en lugares que les daba mucho sol para que se calmaran", detalló Zúñiga.
Producto de estas diligencias, las autoridades detuvieron este martes a cuatro mujeres de 54 años, 52 años, 44 años y 39 años, además, a un hombre de 52 años, quienes figuran como sospechosos de presunta trata de personas con fines de Explotación Laboral, aparente tortura, supuesto ejercicio ilegal de la profesión, posible malversación de fondos, presunto peculado y aparente enriquecimiento Ilícito.
Un informe preliminar del Organismo de Investigación apunta que la investigación inició a mediados de 2023, cuando se recibió una solicitud por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en la cual se remitió una lista de requerimientos a fin de poder establecer la existencia de una posible malversación de fondos públicos por parte de la organización, que recibía por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y otras instituciones de Estado.
