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Una propiedad en San Juan Chiquito de Esparza, del supuesto líder narco Héctor Camelo Méndez, fue el escenario de una reunión con varios funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y en la que, al parecer, se fijó el destino de una licitación por ₡448 millones. Así se desprende del informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el caso Azteca.

La siguiente intervención telefónica corresponde al 10 de mayo de 2021 y, según el documento, se registró entre un empleado de la institución pública y Camelo Méndez, el supuesto líder narco detenido.

"En esta comunicación se notifica, por parte de Arias Cordero a Camelo Méndez sobre la posibilidad de que les sea asignada una contratación por un monto de ₡448 millones, y se convoca a una reunión de manera urgente para confeccionar el cartel, de acuerdo con las exigencias del contrato. Para esta reunión, por orden de Camelo Méndez, se requirió la participación de Corrales Casanova (empleado del AyA) y se indicó que la reunión debía de llevarse a cabo en la propiedad de Camelo Méndez", dice el informe judicial.

Tras conocer esta información por medio de las intervenciones telefónicas, agentes judiciales se desplazaron al sitio para documentar el encuentro.

Dice la orden de allanamiento del caso Azteca: "en fecha 10 de mayo de 2021, con la finalidad de documentar la reunión, misma que se llevó a cabo al ser aproximadamente las 14 horas, se logró observar el vehículo de Aguilar Jiménez (empleado del AyA), en el que también viajaban Torres Hernández (empleado del AyA), el vehículo propiedad de Arias Cordero (empleado del AyA), esto en las afueras de la finca ubicada en la localidad de San Juan Chiquito de Esparza, propiedad de Camelo Méndez".

Las investigaciones de la Sección de Estupefacientes del OIJ lograron determinar, dice el expediente, cómo entre los funcionarios y el grupo que ejercía liderazgo se conformó una red criminal con la finalidad de beneficiarse de los contratos en el AyA.

La siguiente es una intervención telefónica del 21 de mayo de 2021, entre Camelo Méndez y el funcionario Arias Cordero.

"Camelo Méndez gira instrucción a su colaborador de confianza, Arias Cordero (funcionario del AyA), para que coordine lo pertinente para una nueva reunión en la que se encuentre nuevamente Corrales Casanova (empleado del AyA), Ramírez Marín (empleado del AyA), Mora Guevara (empleado del AyA) y Aguilar Jiménez (funcionario del AyA), esto porque la oferta debe ir completa y lo más ajustada posible a los extremos exigidos en el contrato, siendo estas personas quienes podrían modificar las propuestas para el grupo criminal por medio de la empresas Construcciones del Valle".

Dice el documento judicial que el funcionario Corrales Casanova “tendría un vínculo directo con Camelo Méndez en la prestación de asesoría legal, lo mismo que la funcionaria Acuña Rojas, quienes tendrían la posibilidad de colocar como ganadora la oferta presentada por Construcciones del Valle".

Sobre Acuña Rojas, se relata en el documento un pago de un millón de colones y la entrega de un lote de mil metros cuadrados en un residencial, propiedad de uno de los supuestos líderes narco. Todo esto, supuestamente, a cambio de cantidades de dinero, que saldrían de las contrataciones asignadas por parte de ellos mismos, recibiendo así un beneficio patrimonial económico importante.

Añade el expediente: "se logró materializar y corroborar que las licitaciones y ofertas en las que participó la empresa Construcciones del Valle, representada por Camelo Méndez, se adjudicó dos licitaciones: la primera por un monto de 149.892.799 millones y otra por un monto de 448.388.522 millones, siendo esta última de especial relevancia pues fue la licitación que los imputados Arias Cordero, Aguilar Jiménez, Corrales Casanova y Ramírez Marín participaron en reuniones previas para lograr que fuera la empresa de Camelo Méndez la que se las adjudicara en perjuicio del Estado".