Por Luis Jiménez 18 de enero de 2026, 8:00 AM

Una mujer costarricense denuncia vivir una situación de alto riesgo, junto a su hija menor de edad, tras una serie de hechos que atribuye a su expareja, pese a contar con medidas de protección vigentes por violencia doméstica.

María Silesky, quien reside desde hace casi dos años en Playa Hermosa y anteriormente vivía en Cartago, relató a Teletica.com que la separación de su expareja se dio “a raíz de violencia doméstica” el pasado 8 de diciembre, fecha en la que, según indicó, el hombre fue retirado de la propiedad.

“Actualmente, estoy con las medidas de protección de que él no se pueda acercar a 200 metros de mí, no me puede perturbar, humillar, entre otras cosas”, afirmó Silesky.

De acuerdo con su testimonio, en menos de un mes se habrían registrado cinco presuntos incumplimientos de dichas medidas.

“El juez ordenó que se realizara un testimonio de piezas para fundamentar alguna violación en las medidas de protección, ya hay cinco delitos de incumplimiento de medidas de protección en menos de un mes. Entre los que puede mencionar está la del pasado 20 de diciembre se le habría suspendido el servicio de internet y que al día siguiente recibió una amenaza indirecta.

“Además, el 21 de diciembre yo recibo una amenaza del chofer de él (su expareja), que es testigo en la audiencia de violencia doméstica. Me dijo que yo me tengo que retirar de la propiedad, a cambio de irme me dijo que mi expareja me iba a dar $1.000 dólares por mes durante un año y que tenía que ir a declarar al juzgado de violencia doméstica y decir que todo lo que denuncié es mentira y que todo lo hice por dinero, lo cual no es así”, señaló Silesky.

La mujer también indicó que el 29 de diciembre se produjo la desconexión del servicio eléctrico. “Desde esa fecha vivo con una menor de edad sin luz, sin comida, porque no tengo cómo cocinar, sin cómo lavar ni hacer mis cosas básicas. Y cuando fui al ICE me dijeron que mi expareja fue el que ordenó desconectarlo porque está a su nombre.

Según dijo, al consultar al abogado de su expareja por la situación se le habría indicado que debía abandonar la propiedad. “El abogado de él me dijo que si no me gusta vivir así, sin luz, pues me tengo que ir de la propiedad, pero yo todavía no tengo a dónde irme”, añadió Silesky.

Aseguró que presentó una denuncia ante la Fiscalía y que, tras los hechos, se ampliaron las medidas de protección. “Yo lo único que quiero es la reconexión de un servicio”, manifestó, al tiempo que señaló demoras en la atención de su caso. “Todos los días llamo y me dicen que el proceso está en trámite y que no soy prioridad”, afirmó.

En su declaración, Silesky expresó temor por su seguridad y la de su hija de 14 años.

“Mi expareja consume drogas, licor, yo donde vivo no tengo vecinos, estoy sola bajo muchas amenazas de él. Tengo mucho temor de que nos hagan algo y estoy en las mismas condiciones de la muchacha a la que la expareja le asesinó a su mamá el pasado fin de semana aquí cerca en Quebrada Ganado”, dijo Silesky.

“Si esta persona me elimina nadie se va a dar cuenta porque no tengo vecinos”, declaró, y agregó que ha recibido llamadas amenazantes y presuntos seguimientos. “El pasado domingo había un carro que me iba siguiendo, se quedó afuera de la propiedad y apagaron las luces”, relató.

Finalmente, Silesky detalló que su expareja es “un canadiense de 50 años”, con quien mantuvo una relación de tres años, y que su hija ha sido testigo de episodios de agresión física y psicológica. “Mi hija de 14 años ha sido testigo presente de todo y en una ocasión me iba a golpear, pero cuando me quité despedazó una pared”, concluyó.

El pasado miércoles 14 de enero, la afectada volvió a la Fiscalía de Garabito a pedir ayuda y le emitieron un documento, del cual Teletica.com tiene copia, sobre una solicitud urgente de protección y medidas cautelares contra el hombre por el aparente incumplimiento de medida de protección y otros.

"La conducta del imputado ha sido la de no respetar la orden de un juez, por lo que se incrementa el riesgo... Han pasado 14 días en que la Fiscalía ha incumplido el artículo 7 de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres y el artículo 71 de del Código Procesal Penal, me tienen expuesta y a mi hija menor de edad a un riesgo mayor de daño a nuestra integridad física", describe la denuncia.

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