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La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, ordenó investigar a tres funcionarios del sistema penitenciario, sospechosos de integrar una red dedicada a las estafas telefónicas desde la cárcel La Reforma. 

Se trata del director, una encargada de módulo y un policía penitenciario del Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro. 

Las investigaciones preliminares serán realizadas por la Dirección General de Adaptación Social y la Dirección General de la Policía Penitenciaria.

"Adicionalmente, en el caso de las autoridades penitenciarias, desde inicios del mes de noviembre se les había hecho llegar una notificación para que aquellos que tienen días de vacaciones acumulados, procedieran a descontarlos a partir del 16 de noviembre", informó Justicia en un comunicado de prensa.

Entre esas personas que se irán de vacaciones están los detenidos por supuestos vínculos con una banda de estafadores. 

“Este grupo tiene el apoyo de funcionarios públicos vinculados con el centro penal; un policía penitenciario, el cual ya fue detenido y dos mandos directivos de La Reforma que, en apariencia, han facilitado acciones para que el líder de la banda sea ubicado en ámbitos que le permiten realizar sus acciones de manera libre y con acceso a la tecnología para desarrollar los acontecimientos”, explicó ayer Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tras la detención de los trabajadores, el Ministerio de Justicia se mantiene atento a cualquier medida cautelar que le sea notificada en relación con estos casos.