Por Luis Jiménez |2 de febrero de 2023, 9:31 AM

Tres menores que fueron detenidos en seis allanamientos, realizados este jueves por la mañana en los sectores de El Roble, Chacarita y barrio El Carmen de Puntarenas, eran contratados para matar.

Así lo indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además, señaló que, de acuerdo con las pesquisas realizadas, hombres de 17 y 16 años estarían relacionados con varios sicariatos en la provincia.

“Los dos menores de 17 años están identificados como gatilleros de un homicidio, ocurrido a principios de enero, y el de 16 sería un sicario que también forma parte de la organización que hoy fue desarticulada.

“El aparente reclutador de estos jóvenes y líder de la banda es un sujeto de apellido Ramos, quien se encargaba de conseguir personas para que hicieran los ajusticiamientos cuando había algún problema con otros grupos criminales de la zona”, dijo Randall Zúñiga, director interino de la Policía Judicial.

El supuesto cabecilla de esta banda había sido detenido por tráfico de migrantes y, actualmente, enfrenta un juicio en el cantón de Corredores por estos hechos.

“Existe todo un mercado de drogas en Puntarenas centro y Fray Casiano, que exige ganancias, y los delincuentes buscan obtener dinero rápido y fácil. Al haber un mercado dispuesto a conseguir droga, el resultado final son los ajusticiamientos entre bandas rivales para adueñarse de los territorios”, comentó Zúñiga.

El jerarca explicó que, a finales de 2022, manifestaron que las prioridades para este año serían los grupos criminales de Limón y Puntarenas.

En los allanamientos de este jueves detuvieron a siete personas, identificadas con los apellidos Ramos, de 40 años; Valdez, de 21; Villafuerte, de 27; Carvajal, de 24; así como a los tres menores, de 16 y 17.

Los agentes judiciales decomisaron casi dos millones de colones en efectivo, 40.100 dólares, cinco armas de fuego, cinco anillos de oro, 20 relojes de alta gama, 90 dosis de marihuana, 120 gramos de picadura de marihuana y 10 teléfonos celulares.

Todos los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.

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