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El Ministerio de Justicia tiene tres meses sin poder utilizar la nueva cárcel que se ubica en San Rafael de Alajuela. 

La construcción fue terminada a finales de 2020, pero le fue entregada a la institución a principios de este 2021.

El Centro de Atención Interinstitucional (CAI) Terrazas se convirtió en la obra penitenciaria más importante del país en los últimos 20 años.

Según la ministra Fiorella Salazar, la falta de presupuesto imposibilita, aún, el uso de las nuevas instalaciones.

“Terrazas fue entregada a principios de este año y ahorita estamos en dos procesos paralelos: equipándola, porque son 82 edificios, y estamos solicitando las plazas de los funcionarios que las van a atender. Ya hemos avanzado con los trámites a nivel de papeles y pronto se irá a la Asamblea Legislativa porque son ellos quienes deben de aprobar un presupuesto extraordinario para poder emplear el personal necesario”, dijo Salazar.  

La jerarca asegura que el Ministerio de Hacienda tiene clara la necesidad de este presupuesto, establecido desde el año anterior. Por eso, los está apoyando en el proceso.

“No solo es el tema de la Asamblea porque ellos dan la aprobación de las plazas, luego sigue la parte de la autoridad presupuestaria, quien da el visto bueno. Todo depende del proceso legislativo para saber cuándo estaría habilitada”, comentó Salazar.

Durante el año anterior, Justicia inició un proceso de reclutamiento y ya ha recibido ofertas de personas que quieren ser policías penitenciarios. Salazar dice que, en ese tema específico, ya están bastante avanzados.

El nuevo centro penitenciario albergará a 1.250 personas, tiene una construcción de 17.000 metros cuadrados: es el más grande del país. Además, cuenta con centro médico, talleres industriales, aulas, biblioteca y un hospedaje para la policía penitenciaria.

Esta cárcel tiene también dos recintos, en uno se albergará a personas sentenciadas y otro es para no sentenciados (indiciados).

“El nuevo centro es un pulmón que se le va a inyectar al sistema penitenciario en momentos donde tenemos una sobrepoblación del 21%, con esto no se soluciona para siempre el problema, pero nos permite hacer un rebalanceo de los centros y bajaremos las cargas de centros que están muy llenos de privados de libertad”, comentó la ministra Salazar.  

En el CAI Terrazas convivirán tres grupos de trabajo, pero además tendrá un equipo técnico como en los demás centros: abogados, trabajadores sociales, profesionales en educación, psicología, orientación y trabajo social.

Cada persona sentenciada en este país empieza un plan para evaluarla a lo largo de su permanencia en el sistema y el equipo compuesto por profesionales en diferentes áreas se encarga de trabajar con ellos para su readaptación social.

Paralelamente, hay gente que lo administra como un director o subdirector, además de secretarias que se encargan del centro como cualquier otra oficina. Según comentó la ministra de Justicia, es el equipo mínimo, pero fundamental para su operación.

“Tenemos grandes retos en cuanto a las necesidades de espacios para la población penal y este centro viene a traernos un aire fresco y mejores condiciones, no solo para la población penal, sino también para nuestros funcionarios”, puntualizó Fiorella Salazar.  

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