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La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, solicitó este miércoles a la Asamblea Legislativa aprobar un presupuesto extraordinario de 4.500 millones de colones para el monitoreo electrónico de reos.

La cartera pretende tomar una parte de esos recursos para extender el contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), que vence el próximo 27 de febrero, y no dejar "en blanco" el monitoreo electrónico de los privados de libertad.

“Lo que queremos es que el servicio de monitoreo no se desestabilice. Existe la posibilidad de que, con la extensión del plazo del contrato, el presupuesto extraordinario y el lanzamiento de la licitación, podamos seguir utilizando el monitoreo electrónico sin ninguna afectación”, dijo Salazar.

Según la jerarca, el presupuesto extraordinario es una herramienta contemplada en el ordenamiento jurídico del Ministerio de Justicia. Están en proceso de utilizarla para cubrir lo que se requiere y dar contenido a la ampliación del contrato.

Este miércoles se publicó en la página web del SICOP la licitación nacional e internacional para contratar al próximo proveedor del servicio de monitoreo electrónico.

“El cartel recoge toda la experiencia que viene acumulando la Unidad de Monitoreo Electrónico (UME) durante todos estos seis años; lo publicamos también en las redes del Ministerio, página web, también en la Cancillería y embajadas para tener la mayor cantidad de oferentes. Se invitaron, además, a 15 empresas a participar”, agregó.  

La licitación tiene plazo de recepción de ofertas desde hoy y hasta el 29 de abril del 2021.

Justicia también está a la espera de la autorización de la Contraloría General de la República para poder extenderle el contrato a la ESPH y no entorpecer el control de monitoreo electrónico, ya que en una primera instancia el ente contralor rechazó la solicitud.

“Hoy le enviamos la solicitud a la Contraloría ante una primera negativa, esperamos una respuesta efectiva y vamos a agotar todas las posibilidades que existan dentro del marco de la legalidad para evitar una desestabilización del servicio”, comentó Salazar.  

La Contraloría pide tres aspectos para valorar una posible extensión del contrato: la necesidad de contar con los recursos presupuestarios para cubrir la extensión del servicio, la necesidad de tener certeza sobre el precio del servicio y la vigencia del contrato.

“A nuestro criterio, los tres temas destacados por el ente contralor en su negativa se han solventado y le estamos aportando en nuestra solicitud de reconsideración todos los elementos objetivos para que los pueda valorar, por lo que esperaríamos una respuesta positiva condicionada a la aprobación del presupuesto extraordinario”, puntualizó la ministra.

En total, son 1.800 reos los que son monitoreados electrónicamente. Si vence el contrato con la ESPH y no hay extensión de este, será un juez quien decida la situación de estas personas. 

Conferencia de prensa sobre el servicio de monitoreo electrónico de reos: