Justicia investiga a 50 policías como parte de su política "cero tolerancia"

En los primeros dos meses de función, el Ministerio de Justicia y Paz le ha dado un duro golpe a los privados de libertad y policías penitenciarios sospechosos de colaborar con el ingreso de todo tipo de objetos, drogas y armas a las cárceles del país.

La institución confirmó, este lunes, que hay 50 procesos disciplinarios abiertos: dos oficiales fueron presentados ante el Ministerio Público y, en uno de los casos, un trabajador cumple tres meses de prisión preventiva.

“Estamos trabajando bajo la política de 'cero tolerancias' y este mensaje es muy claro para todos los funcionarios. Realizamos operaciones simultáneas y constantes en todos los centros penales del país para desarmar a los privados de libertad, ya que es nuestra prioridad”, dijo Ericka Madriz, directora de la Policía Penitenciaria.

En tan solo 47 días de función, el Ministerio de Justicia ha decomisado 524 teléfonos celulares, 40 kilos de droga, 2.193 armas punzocortantes, más de 1.383 artículos electrónicos y más de dos millones de colones en efectivo.

“Es un trabajo coordinado entre el equipo administrativo y policial que ha querido trabajar y dar el paso más allá con la política que tenemos de no permitir actos delictivos y de corrupción. Tenemos más policías honestos que los que quieren salirse de la línea correcta”, comentó Madriz.

En las primeras semanas de gestión, Justicia también presentó a 89 personas (privados de libertad) al Ministerio Público, así como a los dos oficiales mencionados anteriormente.

“De los 50 policías investigados, solo dos fueron presentados ante el Ministerio Público y uno ya cumple prisión preventiva. Esta persona fue sorprendida, en el mes de junio, con droga cerca del cinturón del pantalón, por lo que se coordinó con las autoridades correspondientes y se le dieron tres meses de prisión; actualmente, permanece en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y está próximo a ser trasladado a un centro penal”, comentó Madriz.

Gerald Campos, ministro de Justicia, afirmó que van a "trabajar duro y siempre respetando los derechos fundamentales de los privados de libertad", pero también de los funcionarios penitenciarios.

“Fue el pasado 25 de mayo cuando inició la operación policial sostenida en todas las cárceles nacionales. Hemos tenido agresiones en los centros, pero no vamos a permitir que agredan a nuestros compañeros y continuaremos con nuestra labor porque ese fue el compromiso adquirido”, concluyó Campos.