Juicio de Lindsay Clancy: abogado explica qué ocurriría con un caso similar en Costa Rica
La madre estadounidense fue acusada de estrangular a sus tres hijos. Su defensa alegó que atravesaba una grave condición de salud mental posparto al momento de los hechos.
El caso de Lindsay Clancy, la madre estadounidense acusada de matar a sus tres hijos, abrió una discusión sobre la salud mental materna y la responsabilidad penal. Su defensa sostuvo durante el juicio que padecía psicosis posparto y que, debido a su condición mental, no era penalmente responsable de los hechos. Pero ¿qué ocurriría si un caso con características similares se presentara en Costa Rica?
El abogado penalista Rodrigo Araya explica que en nuestro país una de las primeras preguntas sería si la mujer tenía, al momento de los hechos, la capacidad mental para comprender lo que estaba haciendo.
Sin embargo, padecer una depresión posparto no implicaría automáticamente que una persona sea inimputable. La gravedad de su condición y los efectos sobre su capacidad de comprender la realidad tendrían que ser determinados mediante una valoración especializada.
“Para que un juez pueda determinar si esa persona es capaz o es incapaz, si es imputable o inimputable, tiene que tener sí o sí el insumo de una pericia realizada por medicatura forense, por un psiquiatra forense”, explicó Araya.
Si los peritajes determinaran que la condición mental era tan grave que la mujer no podía comprender el carácter ilícito de sus actos, podría ser declarada inimputable. Esto no significaría que quedaría simplemente en libertad.
“No podemos confundir inimputabilidad con impunidad”, recalcó Araya.
En ese escenario, en lugar de una pena de prisión, podrían imponerse medidas de seguridad, entre ellas el internamiento en un centro psiquiátrico especializado, que en el caso de Costa Rica es el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol).
Otra diferencia fundamental estaría en quién toma la decisión. El proceso de Clancy se realizó ante un jurado de 12 ciudadanos en Massachusetts, mientras que en Costa Rica un caso por delitos con penas superiores a cinco años es conocido, como regla general, por un tribunal integrado por tres jueces.
“En Costa Rica, cuando se realiza un juicio, quien determina la culpabilidad o no de la persona es un tribunal. Son tres jueces con formación, lógicamente, de abogados. En Estados Unidos se da el sistema de jurados, que es completamente diferente a nuestro sistema”, explicó Araya.
Esta diferencia fue determinante en el caso Clancy. En Massachusetts, un veredicto penal del jurado debe ser unánime. Tras varios días de deliberación, los 12 miembros no lograron ponerse de acuerdo y el juicio terminó sin un veredicto, por lo que fue declarado nulo.
Así, si un caso como el de Lindsay Clancy ocurriera en Costa Rica, el diagnóstico de una enfermedad o trastorno mental posparto sería apenas el punto de partida. Los peritajes psiquiátricos tendrían que establecer cuál era el estado mental de la mujer en el momento de los hechos y, con base en esa prueba y el resto de la evidencia, correspondería al tribunal determinar su responsabilidad penal y las consecuencias jurídicas aplicables.

