Por Luis Jiménez |Por Álvaro Sánchez |15 de diciembre de 2021, 15:33 PM

El alcalde de Corredores, Carlos Viales, y un ingeniero municipal de apellidos Fernández Masís fueron inhabilitados de su cargo por ocho meses, ya que figuran como sospechosos de cometer el delito de peculado.

La jueza les dicto también, como medidas cautelares, impedimento de salida del país, prohibición para acercarse a testigos y a las instalaciones de la municipalidad, así como firmar cada mes.

“La jueza acogió las medidas que pidió el Ministerio Público, por lo que presentamos un recurso de apelación contra la suspensión del cargo y de no acercarse al edificio municipal”, dijo Erick Martínez, abogado del alcalde Viales.

Declaraciones de Erick Martínez: 


Como tercer imputado en este caso figura un profesor del Ministerio de Educación Pública (MEP), de apellidos Fernández Sancho. Contra él, la jueza dictó impedimento de salida del país, prohibición de acercarse a testigos y a la Municipalidad de Corredores, y firmar cada mes.

En las próximas horas, los tres detenidos quedarán en libertad. 

La audiencia, que se desarrolló de manera virtual desde las 8:30 a. m. de este miércoles, contó con las partes procesales en los Tribunales de Corredores y el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública en los Tribunales de Goicoechea.

En un principio, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado un año de inhabilitación del cargo tanto para el alcalde como para el ingeniero, quien es jefe de la Unidad Técnica Vial y de las Oficinas de Ingeniería y Urbanismo del gobierno local.

Los imputados en este caso fueron detenidos el martes, luego de 12 allanamientos realizados en distintos sitios, los cuales pretendían buscar prueba, ya que se les investiga por la reparación de un camino privado y la construcción de un puente de vigas en propiedad privada con fondos e insumos municipales.

La propiedad pertenece a un hombre de apellidos González Hernández, alias “Pacho Villa”, quien actualmente cumple prisión preventiva, ya que se le investiga por posibles vínculos con el tráfico internacional de drogas.

Las pesquisas policiales buscan determinar si los funcionarios públicos recibieron o no una dádiva indebida por dichas construcciones.

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