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La jueza se llama Bárbara Soto Prats y fue la encargada de resolver con respecto a los cuatro extranjeros de nacionalidad de colombiana.

Uno de los casos que llama más la atención de la Fiscalía, es el de Sammy Johnny Moreno Salcedo, quien fue detenido cuando transportaba 140 kilos de cocaína.

Según la Fiscalía, la jueza lo dejó en libertad la semana anterior de la siguiente manera:

“La Fiscalía solicitó que se le impusiera prisión preventiva, tras lo cual el Juzgado Penal ordenó la medida por el plazo de un mes, que luego prorrogó ya que el imputado no asistió a una vista unos días más tarde.

Durante la audiencia de prórroga de la prisión preventiva, el Juzgado cambió la medida cautelar por arresto domiciliario con monitoreo electrónico, con autorización de desplazarse hasta el lugar de trabajo. La Fiscalía apeló esta resolución".

Tras ser consultada por Telenoticias la jueza explicó a través de la oficina de prensa de la Corte que:

"El jueves 9 de mayo se realizó la audiencia de solicitud de prórroga de medidas. Se analizaron los peligros procesales y los argumentos de la Fiscalía y la defensa, se determinó que el imputado tiene suficiente arraigo en el país, se valoró que podía continuar vinculado al proceso con medidas cautelares".

Otro de los casos ocurridos la semana anterior en los tribunales de Garabito en Puntarenas es el de Rosenberg Rodríguez Caicedo.

La Fiscalía solicitó prórroga de prisión preventiva en su contra pues se le sigue una causa por narcotráfico. Sin embargo, el pasado 7 de mayo la misma jueza lo dejó en libertad.

En un correo electrónico la jueza explicó lo siguiente:

"Según lo resuelto, la persona imputada puede permanecer vinculada al proceso con medidas cautelares. Se dictó impedimento de salida y presentarse a firmar cada 15 días en la fiscalía.

La defensa fundamentó que tenía arraigo suficiente en el país y vive en la localidad, que tiene familia y la persona tiene una residencia permanente en el país. Las medidas se otorgaron por el plazo de 2 meses".

Otros dos casos tienen que ver con las causas contra Juan Gonzalez Pulgarin y José Bedoya Herrera. Ellos supuestamente formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Jacó.

El pasado 8 de mayo se comunicó de forma escrita por parte de la misma jueza un sobreseimiento a favor de los sospechosos, según ella, por falta de pruebas.

Indica el comunicado de la Corte lo siguiente:

"Se determinó que la prueba no es suficiente para vincularlos con los hechos, es decir, no existe grado de probabilidad demostrado de su participación en el hecho punible".

Sin embargo, en la Fiscalía consideran que la jueza analizó de forma errónea las pruebas y presentaron una apelación.

Por esta causa en la que fueron acusadas 11 personas la misma jueza dejó en libertad, a su criterio por falta de pruebas, a una dominicana y un costarricense.

Todos los casos están a la espera de resolución de los recursos de apelación, pero los sospechosos se encuentran libres con algunas medidas.