Juez ordenó "desalojar" a 100 privados de libertad recién ingresados a cárcel
"Solicitamos respetuosamente la colaboración de los jueces de la República para que la logística de ambas entidades funcione", manifestó Justicia.
El Ministerio de Justicia y Paz trasladó a 100 reos desde las celdas judiciales hasta la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos en San Rafael de Alajuela.
Esa reubicación se concretó tras constantes advertencias, tanto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como de la Defensoría de los Habitantes, ante el colapso de los centros de detención temporal.
En caso de no hacerlo, había peligro de que se suspendieran algunas audiencias y que los detenidos pudieran quedar en libertad.
Sin embargo, para sorpresa de Justicia, el mismo día que ingresaron al centro penal, un juez del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela ordenó “desalojar y reubicar” a esos privados de libertad.
Se había acondicionado el gimnasio de la cárcel, precisamente para que cumplieran el aislamiento preventivo de 14 días, establecido en los protocolos COVID-19.
“El grupo fue ubicado temporalmente en el gimnasio, espacio que se acondicionó para tales efectos y que se encuentra alejado del resto de privados de libertad del penal; este centro penitenciario no posee hacinamiento, sino que, por el contrario, se encuentra un 13% por debajo de su capacidad real; es decir, posee espacios carcelarios disponibles”, se lee en el documento que le envió Justicia al Juzgado.
Los movimientos realizados por la Dirección General de Adaptación Social pretenden ubicar en el sistema penitenciario a privados de libertad provenientes de las celdas judiciales. Según las autoridades, esto permitió recibir a cerca del 75% de personas pendientes de ingreso.
En la comunicación enviada al juzgado, el Ministerio de Justicia expone que “el país atraviesa por una situación de emergencia nacional a raíz de la pandemia por COVID-19, que ha obligado al sistema penitenciario a tomar medidas extraordinarias para garantizar la protección de la vida y la salud de la población penitenciaria y el personal técnico, administrativo y policial”.
“Es por esto que solicitamos respetuosamente la colaboración de los jueces de la República para que la logística de ambas entidades funcione acorde con esta nueva realidad y en conjunto sigamos trabajando para darles las condiciones adecuadas a esta población”, dijo la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas.
La cartera hace un llamado para que no le impidan el uso de la infraestructura con la que cuenta para poder atender esta necesidad de aislamiento, especialmente en aquellos centros en los que no existe sobrepoblación carcelaria.
