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El empresario Juan Carlos Bolaños y ocho personas más irán a juicio por el caso del cemento chino, más conocido como “cementazo”.

Así lo confirmó este jueves el Ministerio Público quien a la vez consiguió que el Juzgado Penal de Hacienda elevara el caso a juicio.

En la resolución, la cual fue notificada a las partes este miércoles a las 11:30 p.m., se establece que deben enfrentar el debate los imputados Juan Carlos Bolaños Rojas y su esposa de apellidos Suárez Aguiar; además de Rojas Segura, Cortés Zúñiga, Bogantes Brenes, Gómez Barrantes, Thompson Camacho, Delgado Negrini y Arias Silesky.

“De acuerdo con la investigación, realizada dentro del expediente 17-000015-0033-PE, los acusados habrían dirigido acciones tendientes a lesionar los intereses patrimoniales de la Hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia otorgada a la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, para importar y comercializar cemento chino”, dijo el Ministerio Público.

Ahora el expediente será enviado al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que este órgano señale la fecha de inicio del debate.

Todos los acusados figuran como sospechosos de los delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y falsedad ideológica.

En la acusación, según el Ministerio Público, aparecen dos funcionarios del Banco Popular de apellidos Bogantes Brenes y Gómez Barrantes, quienes habrían acordado ser socios comerciales en la venta de cemento importado de China mientras se tramitaba el análisis y aprobación del millonario crédito bancario.

En apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago.

De igual manera, las indagaciones arrojaron que, con el dinero producto del crédito desembolsado por parte del Banco Popular, no se importó cemento.

A Bolaños se le acusa de solicitar millonarios créditos para la importación de cemento chino que finalmente no fueron cancelados a los bancos estatales, convirtiéndose así en incobrables para las instituciones.

En la acusación se asegura que diferentes actores públicos estuvieron involucrados en la aprobación de esos préstamos.

Estas son las personas imputadas y los delitos atribuidos: 

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