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Luis Fernando Gutiérrez Vargas, gerente de planta de asfaltos de MECO, manipuló diseños y daba asfaltos de menor calidad a municipalidades para abaratar los costos de la empresa, indica el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso Diamante.

Al parecer, Gutiérrez les daba dádivas a los supervisores de las obras para maquillar los informes.

Esto habría afectado directamente la calidad y durabilidad de las obras.

“Las deficiencias del asfalto son posteriormente negociadas con el supervisor de la obra, generando dádivas ante esta situación, para maquillar los informes. Queda en evidencia la participación de Gutiérrez tanto con personal de la empresa MECO como con los funcionarios públicos cuestionados, siendo este, por decirlo de alguna manera, un enlace primordial en la actividad ilícita investigada”, señala el informe.

Contra Luis Fernando Gutiérrez la Fiscalía solicitó  prisión preventiva, por considerarse que sería el elemento corruptor de la organización.

El fiscal anticorrupción, Glen Calvo, indicó que contra los seis alcaldes detenidos por el caso Diamante no pidió prisión preventiva como medida cautelar por lo que la jueza los dejó en libertad, pero sí solicitó prisión contra Gutiérrez porque sería el eje central de la corrupción.

“Hay unas variantes de circunstancias y elementos de prueba que hemos buscado y encontrado que le permite al Ministerio Público solicitar prisión preventiva contra Gutiérrez porque los peligros procesales y, la posibilidad que él no se someta al proceso, son más altos que el de los alcaldes”, comentó Calvo.    

Declaraciones Glen Calvo: 


La investigación judicial sospecha  que Carlos Cerdas, dueño de MECO, Alejando Bolaños, gerente y representante legal de la constructora; así como Abel González, gerente de Operaciones y Luis Fernando Gutiérrez gerente de planta de MECO realizaron una serie de conexiones internas con municipalidades para obtener como beneficio el otorgamiento de licitaciones.

Según el informe, para obtener las licitaciones entregaban dádivas y lograban que los funcionarios públicos les dieran preferencia y ventaja por encima de las demás empresas constructoras.

Por este caso hay un total de 13 personas investigadas entre funcionarios públicos y trabajadores de dos empresas privadas.  

Los imputados fueron acusados por los supuestos delitos de: tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, incumplimiento de deberes, asociación ilícita y penalidad del corruptor en perjuicio de los deberes de la función pública.  

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