Fuga y toma de rehenes desde La Reforma: Víctimas siguen esperando justicia tras 21 años
En 2002 la fuga de dos reos usando un autobús del Ministerio de Justicia dejó un fallecido y 14 rehenes. El Estado fue demando por este caso pero aun no hay una sentencia firme.
El 14 de octubre de 2002, dos reos se fugaron de La Reforma tomando un autobús del Ministerio de Justicia con 14 funcionarios como rehenes. Tras una intensa persecución y un tiroteo, los fugitivos fueron capturados.
Lamentablemente el chofer murió día después, producto de una bala que recibió; y las víctimas de aquel trágico suceso siguen a la espera de una justicia cumplida, pues para hablar de pronta ya es demasiado tarde.
Una demanda que presentaron contra el Estado en el 2006 aun no hay una sentencia firme.
Alfonso Romero el abogado defensor de cuatro de las víctimas, entre ellas el difunto chofer Johnny Vega, confirmó a Teletica.com que en marzo pasado se dictó una sentencia a favor de las víctimas. Sin embargo, una apelación de la Procuraduría revocó la sentencia, principalmente debido a mala fundamentación por parte de los jueces.
"La sentencia fue apelada por tecnicismos que un juez debería manejar correctamente y no lo hace. No buscamos prioridad en el Poder Judicial, sino que sea atendida de una manera oportuna. Las víctimas están buscando justicia desde el 2006", agregó Romero.
Lo que las víctimas reclaman es que el Estado falló en haber garantizado la seguridad de los funcionarios, además de que se puso en riesgo la vida de los rehenes durante la persecución policial.
Según explicó el abogado defensor la falta de fundamentación en este contexto implica que los jueces no especificaron las razones detrás de su fallo en favor de las víctimas, lo que ha llevado a la revocación de sentencias. El caso está siendo tratado en el Juzgado Contencioso Administrativo.
Para Romero, la gravedad radica en que es la segunda vez que ocurre lo mismo. La primera sentencia, emitida hace dos años y que también favorecía a las víctimas, también fue apelada por la Procuraduría por fundamentación deficiente.
"Tras dos años de espera por una nueva sentencia, enfrentamos la misma desagradable sorpresa debido a una reiteración de conductas negligentes del juzgado. Aunque nos den la razón, la carencia de fundamentos nos lleva a que las víctimas deban seguir esperando una nueva sentencia, 17 años después", explicó el abogado.
Romero enfatizó que en este caso las víctimas no solo sufren daños físicos y emocionales, sino también estrés postraumático. "Hemos tenido que repetir dos veces el mismo proceso, con una velocidad inusualmente lenta. Una de mis representadas incluso falleció mientras esperaba justicia".
Según el defensor, la demanda se centra en la responsabilidad objetiva del Estado por no garantizar la seguridad de los funcionarios que necesitaban utilizar el autobús para salir de la reforma penal. Se busca una compensación de 50 millones por daños físicos y materiales, y otros 50 millones por daños morales para cada víctima.
"Transcurren dos años entre cada sentencia y otra vez no es posible, y en este momento, desconocemos cuándo podría emitirse una nueva sentencia. Lo que estamos pidiendo es que se resuelva como se tenga que resolver, pero que no permitan que pasen otra vez dos años mientras las víctimas esperan. Eso es un bofetada más, que se suma al dolor de las víctimas y sus familias" puntualizó.