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Los constantes robos de cable que sufren las empresas y en particular el Instituto Costarricense de Electricidad, motivó que el viernes anterior la Fiscalía emitiera una circular que unifica criterios para la investigar este delito.

Datos del ICE precisan que en el 2019 hubo 487 denuncias por robo de cable que dejaron pérdidas por más de 1.900 millones de colones, mientras que, a julio de este año, las denuncias van por 367, con un perjuicio superior a los mil 100 millones de colones.

Es por eso que la Fiscalía General ordenó que, de ahora en adelante, este delito se investigue como crimen organizado.

Según la nueva directriz, la Fiscalía deberá identificar a los sospechosos, el grado de participación en los hechos y las vinculaciones entre casos similares a nivel nacional.

El robo de cable además del daño económico, provoca grave afectación al usuario, a los servicios hospitalarios, los centros de estudios y hasta el teletrabajo.

En caso de tratarse de un grupo organizado se aplicará la ley contra la delincuencia organizada, que permite el rastreo de datos móviles o la intervención de las comunicaciones, entre otras.

La policía pide que las denuncias por este delito se hagan a la línea 9–1–1.